Los alcaldes de los valles pasiegos, divididos ante la instalación de eólicos en la comarca

Miera ha sido el primer municipio en rechazar el proyecto Garma Blanca. Aunque en 2018 votó en contra de las alegaciones pasiegas a otros parques que no les afectaban como éste, ahora no está por la labor. El giro meracho viene de la mano de la movilización vecinal contraria en el territorio. Esta semana aprobaban sus propias alegaciones y lanzaban la propuesta al aire de proteger el paisaje y patrimonio pasiego de forma conjunta con el resto de municipios. Miera apostó en sesión plenaria por valorar la creación de «una zona de exclusión de parques eólicos en las montañas de los Valles Pasiegos y zonas aledañas».

Un planteamiento que no ven con malos ojos algunos de los alcaldes pasiegos consultados por El Diario Montañés y afectados por los eólicos, aunque también creen que el problema se puede abordar «más rápido» adoptando una estrategia «común» frente a la instalación de los parques. Desde Arredondo a Miera, pasando por Villacarriedo, Selaya, Saro o Vega de Pas, muchos de estos regidores apuestan por la «unidad de acción», pero otros prefieren no abrazar ese debate aún «porque les falta información», o miden las palabras en un asunto «complicado» de abordar frente a los vecinos.

«Eso ya lo planteamos hace tres años en la Mancomunidad pasiega», explica su presidente y alcalde de Vega de Pas, Juan Carlos García (PP), en referencia a abordar el problema unidos. «Yo no estoy en contra de los eólicos, sí de todos los que se están planteando en esta zona», incide. «La única defensa que tenemos es ir con las ideas claras y todos a la vez, porque en el momento en que uno diga que sí, fastidia al resto», abunda. «Hay gente que solo ve el dinero y no el lucro cesante que supondrá para los pueblos en aspectos como el turismo. Hay que ser solidarios». García emitía esta opinión en referencia a la estrategia de la empresa, reconocida por varios alcaldes, de contactar con los Ayuntamientos colindantes y poner uno en frente del otro. El mensaje que les llega es que verán igual los molinos, pero no las compensaciones económicas.

Selaya, otro de los municipios más afectados por el proyecto Ribota, lo tiene claro. «Instalar los molinos es hipotecar el patrimonio pasiego», resume su alcalde, Cándido Manuel Cobo (PP), que no ve mal la figura de crear una zona de exclusión o la de «ir todos a una» para parar esa «salvajada» ambiental y paisajística.

De este modo opinan los alcaldes de Saro o Villafufre, Miguel Ángel Prieto y José Luis Cobo (ambos PP), que apuestan por abordar una «estrategia común» rechazando los eólicos. «Los vecinos nos están diciendo que no los quieren», defiende Prieto.

Eso en cuanto a los alcaldes populares. Pero, en la otra cara de la moneda, los regidores regionalistas (en la zona sólo hay regidores del PP y del PRC) se muestran más moderados al opinar sobre los eólicos planteados. En este sentido, el alcalde de Villacarriedo y presidente del Grupo de Acción Local pasiego, Ángel Sainz (PRC), elude responder de manera directa a la pregunta sobre la creación de una zona pasiega de exclusión de los molinos, puesto que el Plan Regional de Ordenación del Territorio (PROT) que lo recoge «está parado», recuerda.

«Nosotros estamos a favor de las energías verdes y limpias, pero no de que las pongan en cualquier sitio», resume. Sainz recuerda que eso es lo que ha dicho «siempre» y así se refleja en las actas y las alegaciones que él mismo presentó a Garma, Berana o Ribota en 2018. En las mismas se pidió un «exhaustivo informe de impacto ambiental» de los proyectos, rechazando ubicaciones en «santuarios intocables» como La Braguía o Berana. Sin embargo, propuestas como Ribota -que a Selaya le horroriza- sí le vale a los carredanos, «con una reducción de la altura de los molinos».

Otros alcaldes regionalistas afectados en Trasmiera o el Asón por Garma Blanca y Ribota, como el de Riotuerto, prefieren declinar la invitación de este periódico a pronunciarse en un tema «delicado», afirma Alfredo Madrazo. En Solórzano, Gema Perojo -que pone por encima el interés vecinal- mantiene que necesita «más información» sobre la figura de exclusión eólica para pronunciarse. En Arredondo, Leoncio Carrascal (PRC) tampoco quiere valorar la propuesta meracha porque le falta «información y documentación» y porque entiende que la declaración de la exclusión eólica «es competencia del Gobierno de Cantabria» y no de los ayuntamientos.