La alcaldesa de San Pedro del Romeral rectifica y reactiva las altas en el padrón

Curiosamente, coincidiendo con estas denuncias, la alcaldía ha reaccionado y ha empezado a gestionar las solicitudes de empadronamiento desatendidas. Los afectados están recibiendo requerimientos del Ayuntamiento, firmados por la secretaria municipal con fecha de 21 de enero, para que aporten la documentación necesaria para darse de alta en el padrón municipal. Si la tramitación no se hace antes del 30 de enero, fecha en la que se cierra el padrón para votar en las elecciones municipales del próximo mes de mayo, no podrán ejercer su derecho al voto en el municipio pasiego.

El conflicto que enfrenta a vecinos y alcaldesa a escasos meses de la consulta electoral no es baladí, ya que en San Pedro, un municipio de apenas 453 habitantes, situado en la comarca del Pas-Miera, un puñado de votos sirve para poner y quitar alcaldes.

En las últimas elecciones de 2015, el PP arrebató la Alcaldía al PRC por un estrecho margen de catorce votos. Los perjudicados creen que las «trabas» municipales a ser incluidos en el padrón tienen su razón de ser en el temor de la actual regidora municipal a perder la alcaldía. Y es que el censo para las elecciones municipales del próximo 26 de mayo se elabora con los datos registrados el 30 de enero, día en que se cierra el padrón .

En su denuncia, los vecinos ponen en conocimiento del Ministerio Fiscal «la negativa injustificada y reiterada desde hace varios meses» de la alcaldesa Azucena Escudero y de la secretaria municipal a empadronarles en el municipio. Según relatan, unas veces justificaron esta situación en «errores de la red informática», otras en la ausencia de la persona encargada y finalmente por la supuesta falta de competencia de la secretaria municipal, que es quien, paradójicamente, les requiere ahora para que aporten la documentación necesaria para el alta en el padrón.

A su juicio, «no existe ninguna fundamentación para impedir a un ciudadano empadronarse en el municipio donde mantiene su residencia», y coartar esa posibilidad puede constituir «un delito de prevaricación administrativa por omisión e, incluso, un delito contra los derechos fundamentales al impedir la posibilidad de ser incluido en el censo electoral por razones ideológicas». El denunciante considera «responsable de la acción dolosa» a la alcaldesa Azucena Escudero, cuya declaración reclama para que explique los motivos por los que ha bloqueado su empadronamiento.

La mayor parte de los afectados por la supuesta paralización de la altas en el padrón han acudido a la Delegación del Gobierno para registrar su solicitud, y varios de ellos han presentado la correspondiente reclamación ante la Oficina del Censo Electoral para que inste al Ayuntamiento para que rectifique y «corrija el grave daño» hecho a los «derechos políticos que puede producir la negativa al empadronamiento».

El PRC, partido en la oposición, mostró su apoyo público a los afectados y amenazó con llevar el caso ante la Fiscalía, pero a día de hoy todavía no ha tomado una decisión.