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La arquitecto titular del Ayuntamiento de Cayón, Ana María Ruiz, ha instado a la Alcaldía y al Pleno a la revisión de oficio de dos ... actos «nulos de pleno derecho», ambos relacionados con la contratación, supuestamente irregular, del jefe de Obras, José Antonio Díez Magdaleno, técnico compartido con Castañeda. La titular de la plaza expone en un escrito el calvario personal que ha pasado durante dos años al verse apartada de sus funciones, teniendo que aguantar continuas «injerencias» del técnico que «se autoproclamaba jefe del servicio o arquitecto municipal» en las antefirmas de proyectos que no pasaban por sus manos o, directamente, se le ocultaban con «consentimiento» de algunos responsables municipales. Ahora, la arquitecto pide una indemnización de 18.000 euros por los «daños morales y el desprestigio causado», además de la resolución del contrato de su aún compañero.
El escrito tiene fecha del mismo día (4 de agosto) en el que el Ayuntamiento de Cayón decidía, por unanimidad del Pleno, la remisión al Consejo de Estado del caso del nombramiento del interino para que sea este órgano quien dictamine si el proceso seguido para nombrar su plaza de Jefe de Obras fue irregular como se sospecha. Cabe recordar que, en este caso, hasta dos secretarios municipales han recogido que su contratación era «nula» por defectos en un proceso de selección que no se ajustó «a los principios constitucionales de mérito, igualdad y capacidad».
También evidencia la arquitecta que dentro de este proceso «viciado» no solo se modificaba la Relación de Puestos de Trabajo (RTP) (la plaza vacante era de encargado y se cambia a jefe) sino que eso supuso que el técnico cobrase un complemento salarial mayor incluso que el de ella, con plaza superior como responsable del urbanismo municipal.
Cabe recordar que el técnico aludido ocupó durante años el puesto de arquitecto, mientras la titular (que es quien pide ahora la nulidad) estaba en excedencia. No es hasta su vuelta, en 2020, cuando al tener que cesar al suplente de Ruiz (Díez Magdaleno), se inicia el citado proceso de selección, ahora cuestionado, para cubrir la vacante de encargado de obras y se transforma la plaza a jefe del servicio otorgándosela a él. «A partir de ese momento comienza un evidente vaciamiento de las funciones que por Ministerio de ley corresponden al arquitecto municipal y el no retorno de aquellas que estaban asociadas a la plaza en propiedad (como las resultantes del convenio de Castañeda), incluso avalando la incorporación del referido encargado en el convenio con informes jurídicos externos a la permanencia de quien ya no es arquitecto», subraya la técnico denunciante en el escrito al que ha tenido acceso El Diario Montañés.
La arquitecto también evidencia cómo el mencionado técnico campaba a sus anchas en todo lo referido al urbanismo, siendo refrendado por algunos responsables municipales sin que ella pudiera hacer nada, causando «desorden» en el funcionamiento del servicio. Se refiere, como prueba, a archivos que obran en su poder relativos a «licencias de obra menor y mayor, de segregación, informes sobre disciplina urbanística, expedientes de contratación, etc».
En este punto cabe recordar que es la propia Ana Ruiz quien, a la vista de varios incidentes más o menos graves -el desplome del edificio del Ferial, la caída del falso techo de la sede de la Policía Local, los desperfectos con caída de cascotes del edificio del Mercado, la contratación de la reforma de un edificio junto a las pistas de la Penilla o el proyecto del molino de Torrentero- decide emitir informe de reparo para desvincularse de esas tramitaciones. En el escrito, la titular también pide ser repuesta en Castañeda en base al convenio vigente y reclama los emolumentos percibidos por su antecesor desde que se incorporó en marzo de 2020.
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Ana del Castillo
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