La Audiencia Provincial ratifica la sentencia de inhabilitación contra el exalcalde de Cayón

Así, los tres magistrados que conforman la Sala coinciden con la magistrada de primera instancia en que sí hubo delito de prevaricación administrativa porque hay prueba de los hechos «más que suficiente», valoran. En este sentido, consideran confirmado que las contrataciones realizadas entre 2007 y 2013 en los departamentos de la Brigada de Obras, las Escuelas Municipales Deportivas y la Agencia de Desarrollo Local no siguieron el cauce reglado. «Se han efectuado durante más de cinco años sin seguir el procedimiento legal previsto y con conocimiento de que este actuar era contrario a la legalidad porque así había sido advertido con reiteración por los técnicos del Ayuntamiento produciendo con ello un resultado materialmente injusto», subrayan en el fallo.

Gastón Gómez fue condenado en octubre de 2020 a 9 años de inhabilitación especial para cargo público por la contratación «verbal o escrita» de manera irregular de casi 200 personas en ese periodo de cinco años y en los departamentos descritos. Al menos esos son los datos que recoge la sentencia, tras la denuncia realizada hace años por los entonces ediles de la oposición en bloque (PRC, PSOE y AIPC) que secundó también la Fiscalía.

La estrategia de la defensa en el recurso planteado ante la Audiencia fue la de demostrar, entre otros puntos, que no había existido delito penal de prevaricación administrativa continuada en el caso de las contrataciones y que, a lo sumo, podría tratarse de una «infracción administrativa» ya que, según expusieron, no había existido «intencionalidad delictiva» por parte del alcalde procesado.

Gómez, que en un principio se negó a dimitir como le pidió su propio partido en Santander, ya está apartado del cargo tras ser sustituido en junio de 2021 por la actual alcaldesa, Pilar del Río. Su situación generó incluso una división interna en su equipo de Gobierno por la sucesión.

El caso de Gómez es similar al del alcalde de Hazas de Cesto, José María Ruiz, que dimitió voluntariamente hace unos meses y fue juzgado por el mismo tribunal. Ruiz fue sentenciado «a ocho años de inhabilitación» por un delito de prevaricación por su «pasividad» en un conflicto urbanístico en su municipio. El exregidor también ha recurrido la sentencia ante la Audiencia.