El Ayuntamiento de Cayón duda de la legalidad de su radar solidario

El radar solidario de Santa María de Cayón podría pasar a ser un quebradero de cabeza para las arcas municipales. El sistema está sin servicio desde «abril de 2017» pendiente de la redacción de un pliego nuevo de contratación -según ha asegurado reiteradamente su alcalde, Gastón Gómez- y también de una consulta para conocer si el prototipo- por el que ya se han recaudado más de 42.000 euros en multas- es ilegal. Una «duda» que surge a raíz de las recientes sentencias del Tribunal Supremo (TS), que está anulando las multas realizadas por el sistema 'Foto-Rojo', el mismo método que el de Cayón. La Jefatura Provincial de Tráfico admitía esta semana también que este sistema está dando lugar a anulación de multas en los tribunales, sobre todo por la fuerza de la prueba.

El alcalde de Santa María de Cayón, Gastón Gómez, admitió -durante el último pleno- que se estaba realizando una «consulta» a los servicios jurídicos sobre la legalidad del radar solidario. Hasta ahora, el regidor había afirmado siempre que la suspensión del servicio en abril se debió a la necesidad de «ir a un contrato mayor» al haber superado los límites de recaudación.

No obstante, durante el pleno admitía también que se habían generado «dudas» tras las últimas sentencias sobre la nulidad de las multas de este sistema que han instalado algunos Ayuntamientos, entre ellos Cayón, aunque insistió, de nuevo, que el suyo «tenía autorización y estaba homologado por Tráfico».

Una afirmación que -a preguntas de este periódico- no entró a valorar esta semana el jefe superior de Tráfico de Cantabria, José Miguel Tolosa, aunque aclaró dos puntos: que el sistema en sí no requiere homologación y que el responsable del radar es el Ayuntamiento.

Tolosa detalló también que el sistema que tiene instalado Cayón es el denominado 'Foto-Rojo', en el que la cámara capta a un vehículo rebasando el semáforo en rojo, sea fijo o de regulación de velocidad. Al respecto, añadió que el problema legal que tienen «algunos» de estos equipos y que ha dado lugar a diversas sentencias impugnatorias, es el documento en el que queda reflejada la comisión de la infracción: «en algunos sistemas la prueba consiste en una fotografía en la que se ve el semáforo en rojo y al vehículo que se denuncia que ya ha rebasado el semáforo, no captando el momento exacto en el que el vehículo pasa justo debajo del semáforo en rojo», resume. También añadió que, ahora, hay otros sistemas similares que hacen una grabación de vídeo.

Aunque no entró a valorar si el dispositivo cayonés es legal o si está autorizado por Tráfico- como defendió el regidor- Tolosa explicó que este tipo de equipos «no precisan de ninguna homologación de metrología», ya que no miden nada, sólo registran una imagen fija o en movimiento. Además, en el caso de Cayón, el radar es «de competencia municipal» y es el Ayuntamiento «el que tramita» las denuncias.

«Esto es otra muestra más de la manera populista de actuar el alcalde», resumió a éste periódico la portavoz del PRC, Ana Obregón, tras reconocer Gómez que había contratado el mismo el servicio con la empresa adjudicataria, sin pedir informes técnicos. Obregón interrogó al regidor, el Pleno, sobre varios aspectos del radar, como la recaudación y el modo de repartir la misma, además del sistema de contratación.

El alcalde explicó que se habían recaudado más de 42.000 euros, de los que 17.180 era lo que correspondía a las ayudas en base al contrato con la empresa adjudicataria. «Vende mucho humo y habla de radar solidario, cuando la mayor parte del dinero entregado a las familias viene del Gobierno de Cantabria», opinó la regionalista tras la sesión.

Por su parte, el edil de AIPC, Ramón Terán, preguntó también en el pleno sobre qué pasaría si se declara ilegal el sistema y «hay que devolver el dinero», a lo que el regidor espetó que por eso lo estaban mirando y se había parado.