Capital Energy defiende que su proyecto Garma Blanca generará prosperidad rural

«Los trece aerogeneradores de este parque cántabro de Capital Energy serán capaces de suministrar 145.150 megavatios hora (MWh) de energía limpia al año, equivalentes al consumo de cerca de 60.400 hogares cántabros, y evitarán la emisión anual a la atmósfera de más de 58.000 toneladas de CO2», esgrimen.

La operadora afirma que con la salida a información pública de la autorización previa de este proyecto acaba de «dar un paso relevante de cara a afianzar el desarrollo de su proyecto de energías limpias en Cantabria». Lo hace justo antes de la cadena de asambleas informativas convocadas esta semana por las plataformas contrarias a su instalación y las previstas este fin de semana en varios municipios.

Capital Energy defiende con sus números su «compromiso de favorecer el desarrollo socioeconómico de todas las comarcas en las que promueve sus proyectos». Así, explica que esta instalación renovable contará con una potencia instalada de 51 megavatios (MW) e implicará la inversión de casi 41 millones de euros. A la par, asegura que la instalación generará unos 259 empleos en su fase de construcción (diez en su mantenimiento posterior) y tendrá un impacto económico anual en las arcas regionales (canon eólico) y locales (IBI e IAE), así como a través de los contratos de arrendamiento, de alrededor de 267.000 euros. A esta cuantía suma el pago inicial del impuesto de obras (ICIO), que ascenderá a 1,23 millones de euros. A la par, la operadora también pone en valor que llevará la fibra óptica a las zonas donde se proyecta el parque y, para ello, también se acaba de adherir a la iniciativa Cantabria Territorio Rural Inteligente, una plataforma cuyo objetivo «es utilizar los recursos del territorio y la tecnología para crear ecosistemas innovadores de desarrollo sostenible que permitan gestionar eficientemente las infraestructuras y ofrezcan nuevos servicios a los ciudadanos, creando empleo, impulsando el emprendimiento y atrayendo talento», inciden.

Unas cifras que no se creen sus detractores y que han sido cuestionadas estos días por plataformas y grupos políticos municipales de los territorios afectados, dado que, según ellos, se trata de cantidades «poco fundadas» y que no se plasman por escrito.