Castañeda inicia la retirada de miles de kilos de chatarra de un desguace ilegal

El pasado 25 de octubre, el Juzgado de lo Contencioso Administrativo Número 1 de Santander autorizaba al Ayuntamiento entrar en siete fincas y una nave cuyo titular utiliza como depósito irregular de chatarra en Villabañez y Pomaluengo. Lo hacía a instancias de una demanda del propio Ayuntamiento que se acompañaba de un escrito de la Fiscalía apoyando la petición municipal «habida cuenta de la actitud contumaz de persistir con la actividad a pesar de carecer licencia para ello y desobedecer el requerimiento para el cese de la autoridad competente», afirmaban.

El regidor supervisaba a primera hora los trabajos de retirada de chatarra en la finca de Pomaluengo, donde los obreros trabajaban escoltados por varias patrullas de la Guardia Civil y ante la atenta mirada del propietario que siguió de cerca los trabajos. A preguntas de El Diario Montañés Mantecón insistió este miércoles en que nunca se ha dejado de lado este asunto, como en muchas ocasiones ha denunciado la oposición. «Hemos hecho lo que hicieron ellos», explicó Mantecón, en referencia a que las fincas conflictivas ya se limpiaron una vez de oficio por el Ayuntamiento en 2007. «Yo entré en 2011 y ya estaban otra vez igual», dijo. «Medio Ambiente no ha hecho nada y era quien tenía que hacer, cuando acabe esto pediremos responsabilidades. Tenemos un informe de Fiscalía que es demoledor», enfatizaba, tras dar a entender que lo que había en la finca podía suponer un «delito medioambiental grave». También afirmó que el Consistorio había pedido entrar otras veces y recordó que el juez le había denegado el permiso hasta en dos ocasiones desde 2020. Según Mantecón, con el propietario también se habló y hasta accedió alguna vez a quitarlo pero «nos engañaba continuamente», dijo.

Mientras que Mantecón (PP) se atribuye el mérito de haber sido persistente en perseguir el cierre del desguace, los grupos de la oposición (PSOE y PRC) aseguran que «miente» en muchos puntos y que el Consistorio ha sido más bien todo lo contrario, es decir, condescendiente con alargar los plazos de vida a la instalación ilegal. Desde las filas regionalistas se explicaba este miércoles que las fincas ya se limpiaron y clausuraron en 2007 (gobernaba el PRC) y que incluso hubo un proyecto dotado de una subvención para hacer en la zona de uno de los desguaces junto al río un parque con tirolinas. «Ya se habían iniciado las expropiaciones del terreno y cuando llegó Mantecón renunció a la subvención y paralizó el proceso», beneficiando así al propietario explicaban. A la par, recordaron que el Juzgado echó para atrás dos veces la entrada a las fincas con chatarra porque el Ayuntamiento «no cumplía con la legalidad» ni presentaba todo el papeleo en regla y eso hacía que se dilatase el proceso.

Por su parte, el PSOE de Castañeda se mostraba «encantado» de que por fin se limpiase la zona, pero recordaban que era un desguace ilegal y que eso era constatable ya en denuncias de 1996, cuando se le notifica la paralización y precintado del recinto de chatarra, más otra de la Guardia Civil de 2009 en la que se hace constar que «se reanuda la actividad». Consideran que el alcalde «miente» cuando afirma que la competencia para cerrarlo es regional. «La licencia es siempre municipal» y así aparece en los expedientes sancionadores desde 1999. También alegan que falta a la verdad cuando afirma que denunciará al Ejecutivo autonómico por «inhibirse» en algo de su competencia. «Durante este tiempo ha habido tres expedientes de sanción por parte de la Dirección General de Medio Ambiente, en 1999, 2009 y 2021, con sanciones que van desde los 12.000, 153.000 y 60.000 euros», explicaban. Por todo ello «instaban al Ayuntamiento y a la Dirección General de Medio Ambiente a que hagan realidad lo que ponen en sus escritos desde 1996, que es cerrar todo el desguace.