Cayón aprueba la ordenanza de recogida de residuos y limpieza

El Pleno de Santa María de Cayón aprobó este miércoles, con los votos de los independientes de AIPC y el PRC y la abstención de PP y Vox, la nueva ordenanza reguladora de la recogida de residuos y limpieza pública. Un texto que, según su impulsora, la edil de Medio Ambiente, Ana Obregón, tiene como fin tres grandes objetivos: «reducir la generación de basura, impulsa el reciclaje y responsabilizar a los propietarios de edificios y solares de su mantenimiento».

Según ha explicado la edil, con el nuevo marco regulador aprobado ayer, el Ayuntamiento de Cayón quiere concienciar a la población sobre la importancia de reducir el volumen de basuras, para lo cual apostará por el reciclaje como «el sistema más sostenible» y que además permite «reducir la facturación, al ahorrar costes de tratamiento de residuos urbanos en vertedero».

Para ello, la ordenanza hace hincapié en la necesidad de depositar los diferentes tipos de residuos en los lugares habilitados para favorecer la recogida separada y el reciclaje siempre que sea posible.

Asimismo, el texto dedica un capítulo a las responsabilidades en materia de conservación y limpieza, «con el fin de que los propietarios de solares y edificios cumplan con la obligación de mantener sus propiedades en las debidas condiciones de seguridad, limpieza y ornato público, y siempre libres de deshechos y en perfecto estado de salubridad», resume la regionalista.

Explica la edil que, para garantizar su cumplimiento, la ordenanza incluye un régimen sancionador, con infracciones leves, graves y muy graves que podrán dar lugar a multas por un mínimo de 750 euros y que podrán llegar a 1.750.000 euros «en el caso de una negligencia muy grave», especifica, como el vertido de materiales contaminantes.

Uno de los supuestos del texto que será publicado en breve, incluye por ejemplo la posibilidad de sancionar a todos aquellos que tiren papeleras o destrocen contenedores en la vía pública, que sería considerada como sanción grave con multas que van desde 1.000 a 50.000 euros.

Es precisamente el régimen sancionador el que no convenció a PP y Vox para respaldar el texto en el pleno al considerar sus respectivos portavoces, Francisco Viar y José María Prieto, que no estaba adaptadas las cuantías, por lo elevado de algunos supuestos de infracción, a la realidad de un municipio como Santa María de Cayón. Según defendió Obregón (PRC), la ordenanza está basada en el texto de la Federación Cántabra de Municipios y, por ello, consideró adecuados los importes redactados por un organismo formado por ayuntamientos de todos los tamaños.

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