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Santa María de Cayón ha anunciado que se suma a la moda en auge de los ayuntamientos por blindarse con cámaras de seguridad. Sin embargo, a diferencia de la gran mayoría de consistorios, esta política no respondería en Cayón tanto a una intención de ... atajar el vandalismo y los robos sino que pretende ser una medida de control para las conductas temerarias al volante dentro del término municipal, a tenor de un comunicado realizado por parte de la Alcaldía.
De esta forma, con la intención en primera instancia de poner freno a estas conductas incívicas de algunos conductores y garantizar la seguridad vial, se está estudiando −y ya se han empezado los trámites administrativos− la colocación de dispositivos de grabación en algunos puntos conflictivos. Por ejemplo, uno de ellos sería el aparcamiento y las inmediaciones de las instalaciones del Complejo Deportivo 'Fernando Astobiza' y rotonda de San Lázaro, en Sarón.
Esos son algunos de los puntos en los que, según traslada el Consistorio cayonés, «es frecuente» ver a «algunos conductores» principalmente «en horario nocturno» cometiendo infracciones como «quemar rueda» y otras prácticas temerarias como circular a gran velocidad dentro del casco urbano. Todo «un problema de circulatorio», dicen desde el quipo de gobierno, con el que los infractores «ponen en riesgo tanto su propia seguridad como la del resto de usuarios de la vía, en especial la de los numerosos ciclistas, peatones y vecinos de esta poblada zona del municipio» al que que esperan poner freno ahora con las cámaras como herramienta para tramitar sanciones.
«Vamos a ser firmes en nuestra determinación de poner fin a este tipo de actuaciones por parte de algunos conductores que utilizan las calles para su diversión, con una falta total de consideración y respeto hacia el resto de usuarios y vecinos», aseguró la alcaldesa de Cayón, la popular Pilar del Río.
Desde el Consistorio también recuerdan que la conducción temeraria está considerada por la Ley de Seguridad Vial «como una infracción muy grave, que se castiga con una multa de 500 euros y la retirada de seis puntos del permiso de conducir» e incluso inciden en que dichas actitudes «pueden conllevar pena de prisión en caso de que la conducta denunciada suponga un riesgo grave, real, específico y efectivo para la vida o la integridad de las personas».
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