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El Juzgado de lo Penal número 3 de Santander ha condenado a una pena de siete años de inhabilitación especial para el desempeño de cargo público al exalcalde de San Pedro del Romeral, el regionalista Pedro Gómez, por un delito de prevaricación relacionado con la ... adjudicación de contratos públicos. En concreto, los hechos se refieren a la adjudicación «directa, sin concurrencia y sin llevarse a cabo ningún expediente de contratación» de diversas fiestas municipales en 2014, un año antes de que perdiera las elecciones frente a la popular Azucena Escudero, actual regidora. La sentencia, ratificada posteriormente por la Audiencia Provincial tras un recurso del condenado, confirma que Gómez -pareja de la también diputada regionalista Ana Obregón- acordó con la empresa Prones la prestación de todos los servicios festivos de aquel año.
Lo hizo a través de cuatro contratos distintos. Los tres más pequeños sumaban 8.350 euros y el cuarto era por 20.350 euros, cantidad que excede los 18.000 euros establecidos como límite legal para firmar un contrato menor. Al superar esta barrera, la norma obliga a iniciar un expediente de contratación abierto a la participación de cualquier empresa interesada. Además, todo se realizó sin conocimiento del secretario-interventor municipal de San Pedro del Romeral.
El juzgado detecta en esa práctica la primera conducta ilegal, pero es que hay más. La magistrada Rosa Gutiérrez subraya que el exalcalde consintió además que se expidieran facturas por un importe distinto al acordado inicialmente. Así, el 10 de junio de 2015, tres días antes de que Gómez cesara en el cargo, la empresa Prones presentó en el Ayuntamiento dos facturas de 17.400 euros, cada una. Una de ellas por el contrato de 20.350 euros -la actuación de la Orquesta Acordes el 30 de agosto- y la otra por todos los servicios restantes. Es decir, una factura de 3.000 euros menos de lo acordado y otra de 9.000 euros más. Lo que entiende el juzgado es que «se mezclaron a conveniencia conceptos y prestaciones perfectamente distinguibles y separables entre sí, tratando de dar lugar a percepciones que superarían lo estimado entre las partes en cada caso concreto».
La magistrada destaca además que las explicaciones aportadas por Pedro Gómez, «lejos de ser claras y esclarecedoras», han ido variando a lo largo de todo el proceso judicial. En un primer lugar, el exalcalde alegó que había un error en los contratos y que lo que realmente valían eran las facturas. Posteriormente, en el caso del contrato de 20.350 euros que superaba el límite legal para la adjudicación sin concurso, señaló que el importe que aparecía en el fax enviado al Ayuntamiento se corrigió de forma verbal. Hubo incluso una tercera versión según la cual el motivo de la rebaja de la factura fue que inicialmente la empresa Prones se había comprometido a aportar los generadores eléctricos necesarios para llevar a cabo la actuación y finalmente los puso el consistorio. La sentencia desmonta esta teoría porque recuerda que, desde el principio, el contrato debaja claro que los generadores corrían a cargo del Ayuntamiento de San Pedro del Romeral.
De todo lo anterior se desprende, según la sentencia, que lo que realmente pasó es que se presentaron facturas fraccionadas para que los contratos adjudicados «a dedo» tuvieran «apariencia de legalidad». Y la magistrada entiende también que esa práctica ilegal se realizó siendo el exalcalde plenamente consciente. Con toda la intención. Lo dice teniendo en cuenta la experiencia que Pedro Gómez -ostentaba el bastón de mando desde 2003 y durante tres legislaturas- acumulaba ya en el Ayuntamiento de San Pedro del Romeral. Sumado a que por su cargo tenía posibilidad de asesoramiento por parte del interventor municipal -a la que renunció-, para el Juzgado es imposible que el ahora condenado desconociera el procedimiento legal.
El fraccionamiento de contratos se hizo «por exclusiva voluntad y de forma arbitraria», sustentada en un «abuso de poder, fomentando la corrupción y a sabienda de la ilegalidad». Pedro Gómez, que en las elecciones de 2019 era el cabeza de lista del PRC y en el momento de la constitución del Ayuntamiento ya conocía que este proceso estaba abierto, no ha llegado durante esta legislatura a recoger su acta de concejal. Los regionalistas aún no han dicho quien será su candidato municipal en las elecciones del próximo 28 de mayo.
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