El conflicto por la gestión del agua en San Vicente de Toranzo se agudiza

«El agua ahora nos sabe a lejía, ya no se puede beber del grifo», comenta Francisco, un vecino que reniega de la gestión del agua de su pueblo que está haciendo el Ayuntamiento desde el pasado 19 de diciembre de 2023. Ese día, la alcaldesa, Mónica Quevedo (PRC), y su equipo levantaban la mano en solitario para hacerse con la gestión del agua de los manantiales que estaban en poder del pueblo desde siempre, en contra del criterio de la junta vecinal y de los concejales del PP en la oposición.

En esa ocasión, y lo mantiene ahora, la regidora Mónica Quevedo explicó que había razones de peso que le hacían tomar esa decisión. La primera, legal, puesto que es el Ayuntamiento quien tiene la responsabilidad. La segunda, sanitaria, porque ha de «velar porque el agua que llegue a las viviendas cumpla la normativa legal». Eso no gustó a los vecinos, que siguen defendiendo que es el pueblo quien tiene que llevar la gestión y que todo se ha hecho con «analíticas perfectas» del agua. Lo dice y lo afirma la persona que hasta hace algunas semanas ha ostentado el cargo de pedáneo del pueblo, Joaquín Fernández, que también coincide en señalar que ahora los niveles de cloro son «insoportables», mucho «más altos» de lo normal, defendiendo que la gestión que se hacía era la correcta. «No hay agua como la de San Vicente, la analítica siempre ha dado bien y sin embargo ahora no se puede consumir», replica.

Joaquín ha dimitido hace unas semanas por «discrepancias» con algunos vocales en el seno de la junta vecinal que preside por el tema del agua. Junto a él se ha ido un vocal y ambos están siendo investigados por un presunto sabotaje al sistema de riego del campo de fútbol local. Un asunto, pendiente de un juicio que se celebrará en junio, que les salpica, porque fueron ellos quienes devolvieron el material que había sido sustraído del campo. Joaquín niega estar implicado en ese suceso que, además de al campo, afectó a una planta de gas. «La denuncia es infundada», explica el expedáneo. «¿Eso tiene que ver con su dimisión? No, lo mío es porque no tengo el mismo criterio con el agua que otras personas de la junta y me he ido», defiende al referirse a que el resto de vocales era más «tibio» en la defensa de esta causa. Respecto a la denuncia que pesa sobre él por el supuesto sabotaje, el expedáneo señaló que sólo fue a «devolver» el material que «nos habíamos encontrado tirado y ahora pienso que igual nos equivocamos», señaló en relación a que posteriormente la alcaldesa presentó la denuncia que les señala. En ella, la regidora no les acusa pero sí deja constancia de que el presidente había amenazado varias veces con cortar el agua.

«Hemos hecho lo que teníamos que hacer, estoy convencida»

La alcaldesa de Corvera, Mónica Quevedo (PRC), está segura de que han hecho lo que «teníamos que hacer» con el rescate del agua. Tiene ahora más datos al haber accedido al estado de la red y haber realizado arreglos de urgencia por valor de «más de 25.000 euros». Es por ello que cuestiona la gestión que se había realizado hasta ahora. «Han dejado facturas pendientes de pago y hemos pedido cuentas de lo recaudado», añade. Respecto a la calidad del suministro, Quevedo afirma que el sistema de cloración era «arcaico» y que el mecanismo apenas echaba «un escupitajo de cloro». Es decir, no había casi desinfección. La regidora insiste en que se hicieron cargo por responsabilidad. «Si pasa algo, es el Ayuntamiento el competente, quien tiene que velar por la salud», sentencia. La regidora también afirma que la junta vecinal no cobraba «por lo que se consume» como en el resto de pueblos y que eso, además de insolidario, «es ilegal». Por último, recalca que era conocedora, al adoptar la medida, de lo «impopular» que era, por eso defiende haber hecho lo correcto.