Corvera de Toranzo instala cámaras en el colegio para frenar el botellón

No es la primera vez que el Ayuntamiento se ve obligado a instalar videovigilancia en un lugar público. Lo hizo ya hace más de un año en el cercano parque de La Lera en Alceda, pero también en las piscinas municipales, el centro cívico, las pistas de pádel y el polideportivo municipal.

En el caso del CEIP Pintor Agustín Riancho y el aula de dos años, ambos comparten una agrupación de parcelas de recreo divididas por centros que estaban siendo invadidas los fines de semana por jóvenes que practicaban botellón allí y cuyas consecuencias -suciedad y algún destrozo de mobiliario- sufrían los escolares y toda la comunidad educativa al lunes siguiente. Es por ello que, al igual que en el parque o el resto de instalaciones antes mencionadas, el Ayuntamiento ha tomado la determinación de asumir la instalación de puntos de videovigilancia colocados en lugares estratégicos de estos recintos -que conforman una unidad junto al IES Vega de Toranzo- y disuadir así a aquellos que pretendan utilizar este espacio para otros fines que no sean los estrictamente educativos.

Se cumple así con una demanda de padres de alumnos, pero también de la comunidad escolar para garantizar las condiciones de seguridad e higiene, sobre todo para los pequeños. «Esperamos que con esta medida acaben los botellones y la suciedad de los fines de semana en el colegio», explicaban desde el Consistorio tras anunciar la instalación de los equipos de videovigilancia.

«Hemos puesto cámaras en todos los puntos que había botellones o vandalismo y ha surtido efecto», afirmaba la alcaldesa de Corvera, Mónica Quevedo, a preguntas de éste periódico. La regidora espera que con el caso del colegio pase lo mismo, ya que los infractores se arriesgan a ser identificados y denunciados. Asimismo, Quevedo apostaba por éste método por los efectos inhibidores de dichas conductas que ha tenido en otras ocasiones en las que el Consistorio se ha visto obligado a utilizar el sistema. Uno de los casos que impulsó a instalar videovigilancia fue el episodio de vandalismo reiterado que el municipio sufrió en el verano de 2017. Entre los meses de junio y agosto hubo una «oleada» de destrozos y ataques contra el mobiliario urbano y se tuvo incluso que clausurar la piscina.