Corvera de Toranzo se libra de pagar una indemnización de 3,9 millones de euros

El pasado octubre, el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Santander desestimaba el recurso contencioso presentado por la entidad Puente del Rocío SL, que reclamaba 3.922.365 euros al Ayuntamiento por la paralización de la urbanización de Corvera en el año 2008. La misma empresa, ganaba días después otra demanda de 188.340 euros por la suspensión de otra licencia, esta vez en Ontaneda, y que afectaba a 36 pisos con garaje, siete viviendas y 28 apartamentos turísticos, debido a que el proyecto no estaba visado por el Colegio de Arquitectos.

Se trata, en ambos casos, de licencias de obra concedidas poco antes de las elecciones municipales de 2007, cuando gobernaba el exregidor Miguel Ángel Ruiz (PP) que, semanas después, era relevado en el cargo por el también popular José Manuel Martínez Penagos. Cuando el equipo de este último entra en el Ayuntamiento procede a paralizar las dos obras aludidas por las deficiencias detectadas por el técnico. En el caso más importante, el de la reclamación de los 3,9 millones de euros, el Ayuntamiento solicitó a la primera promotora (Apartamentos Arenas) que paralizara las obras hasta la subsanación de las deficiencias, entre ellas, la cesión de terrenos al Consistorio. Para entonces, esta primera empresa ya había construido el esqueleto y la cimentación de la urbanización de Corvera.

No es hasta unos años más tarde, en 2011, cuando la titularidad de la licencia inicial es transmitida a otra empresa (Puente del Rocío) que es la que, en la actualidad, está en litigio con el Consistorio por estas cantidades. El auto desestima la pretensión de la elevada cuantía que reclama la promotora en el caso de Corvera puesto que la paralización era ajustada y la empresa podía haber subsanado y seguido adelante con el proyecto, pero corría el año 2008 y la crisis del ladrillo ya golpeaba con fuerza Cantabria. «Es decir, que hay un acto de paralización que no convenía recurrir hasta que la crisis cesó y las expectativas eran mejores», valora el tribunal, que no admite que el retraso en la ejecución sea imputable al Ayuntamiento «porque en 2008 ya se podía articular recurso contra el acto administrativo», sentencia el juez, estimando así que el periodo de reclamación planteado por la empresa no era procedente. La sentencia ha sido recurrida por la actora, y ahora pide unos 600.000 euros.

En el caso de la segunda sentencia -que sí ha ganado en primera instancia la misma promotora- se trata de unos apartamentos turísticos ubicados en la localidad de Ontaneda. Aquí la sección 3 de la sala de lo contencioso administrativo sí que ha estimado la reclamación de casi 190.000 euros que se hace solicitando los gastos de cancelación del Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras y de la tasa por la licencia cobrada por el Consistorio. Lo hace porque entiende que, al dar la licencia, el Ayuntamiento hizo dejación de sus funciones, ya que el entonces alcalde (Miguel Ángel Ruiz) desoyó incluso el informe del técnico municipal en un proyecto no visado. «Existe una culpa exclusiva del Ayuntamiento en la dejación de sus funciones de control que llevaron a la concesión de la licencia», resume el juez. La sentencia ha sido ya recurrida por el Consistorio.

Si se pregunta en el Ayuntamiento qué pasó y por qué llegan ahora estas sentencias, la alcaldesa de Corvera, la regionalista Mónica Quevedo (que en ese momento no formaba parte de la Corporación), lo atribuye a que las citadas paralizaciones de obra se producen en un momento de cambio de gobierno en el que el nuevo regidor, José Manuel Martínez Penagos, primó sus intereses políticos frente al general. «El cambio de gobierno que lideró Martínez Penagos en 2007 ha costado y está costando mucho dinero al Ayuntamiento», valoraba la regidora, que teme que lleguen más reclamaciones puesto que hubo más licencias suspendidas. «Paralizó varias obras que contaban con licencia, donde unas siguieron adelante y otras no, pero ahora nos piden que indemnicemos por perjuicios», explicaba. «Estas actuaciones fueron contra empresas y particulares. Para mí, se trató de intereses y una maniobra política, pisar el pasado y satisfacer venganzas personales», sentenciaba.

Por su parte, el exalcalde aludido, Martínez Penagos, lamentaba, a preguntas de este periódico, la interpretación de la actual regidora por estar «muy alejada de la realidad» de lo que pasó. Defiende que sus actuaciones se ajustaron a derecho y se plasmaron conforme a lo que le indicaban los técnicos por denuncias de particulares no por una purga política. «Tanto en la obra de Ontaneda como en la de Corvera se actúa tras las insistentes denuncias de la comunidad de vecinos, en el caso de Ontaneda, como en la de particulares en Corvera», afirmaba. A la par, recuerda que las conversaciones con la primera promotora siempre fueron «cordiales», incluso en todos los intentos de reanudar las obras, aunque el contexto (crisis de 2008) no ayudó. «Nuestra actitud entonces siempre fue de colaboración en la resolución de la deficiencia, diferente es que el promotor no las corrigiese». «El único interés de aquel equipo de gobierno era el general y el bienestar de todos mis vecinos», resume el exregidor.