Detienen a tres cántabros por introducir la enfermedad hemorrágica en el norte de España

La denuncia surge a raíz de la bautizada como operación 'Rumia' que está llevando a cabo el Servicio de Protección a la Naturaleza (Seprona) en varias comunidades autónomas. La alerta salta en septiembre con los primeros casos que escaman a los agentes, dado que se rompe bruscamente el patrón natural de expansión de la enfermedad. Es decir, pasa a saltar de repente de sur a norte del país, como si se extendiese un puente de 350 kilómetros lineal de Cáceres a Cantabria, cuando en nuestra comunidad autónoma no había aún casuística. Sí la había en Extremadura, donde ya estaba declarado el virus y no se podía mover el ganado.

Así las cosas, a este trío de investigados se les imputa un movimiento de ganado ilegal de unas «200 vacas» fechado el pasado mes de «julio» de 2023. Un traslado que se produce desde Cáceres a Cantabria, cuando los animales estaban presuntamente infectados por el mosquito que transmite la EHE, pero también la lengua azul. Según los investigadores, este hecho ilícito no solo contribuyó a expandir el foco de la epidemia del sur al norte de España, sino que pudo llegar a traspasar fronteras, ya que se ha constatado –por la evolución del mapa de la enfermedad– que hasta ese momento no había indicio del virus en estabulaciones del litoral Cantábrico. Así lo cree la Guardia Civil que concluye que con esta operación se «ha esclarecido el origen de la enfermedad hemorrágica en la cabaña ganadera del norte peninsular». Los agentes llegan a esta conclusión a través del estudio de los datos epidemiológicos y de incidencia de la enfermedad que se publican habitualmente por parte del Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación (MAPA). A la par, la operación también ha incluido un exhaustivo seguimiento sobre el terreno, con entrevistas a muchos de los ganaderos de la zona que se infectaron en esos momentos.

Tras estas primeras averiguaciones, la Guardia Civil sitúa el posible foco de infección en la estabulación del barrio de Tarriba en Pámanes. De hecho, los agentes consiguen información que apunta a que en las fechas de declaración del brote cántabro había «una alta incidencia, en fase de viremia» por la EHE, pero también por la «lengua azul» en la citada ganadería bajo sospecha.

Pero hay más patrones que sumar y fechas que se encadenan con consecuencias. En julio se trasladan ilegalmente los animales y la alerta por el primer brote de la EHE se declara en Cantabria a inicios de septiembre. A la par, los primeros focos que se detectan en esas fechas lo hacen en municipios cercanos al punto objeto de la investigación: Medio Cudeyo, Penagos, Piélagos, Liérganes, Ribamontán al Monte o Castañeda, entre otros.

Tras todas estas pesquisas preliminares, los agentes se personan el pasado 7 de marzo en Pámanes e inspeccionan la estabulación y detienen a los dos ganaderos y tratantes a los que ponen a disposición judicial en Medio Cudeyo, dos días más tarde hacen lo propio con el transportista. Tras pasar a disposición judicial se les deja en libertad pero se les imponen medidas económicas, bloqueando sus cuentas bancarias por si hay que hacer frente a indemnizaciones. A estos dos hombres, miembros de una misma familia, se les imputa –además de daños y pertenencia a grupo criminal como al transportista– un presunto delito de falsedad documental. Se hace así porque, según la información a la que ha tenido acceso El Diario Montañés, los ganaderos solicitan una guía (documento para trasladar el ganado) para traer unos 350 animales. Ese documento se saca en enero y solo tiene validez para «cinco días», por lo que el segundo viaje que se realiza en julio a Cáceres ya se hace sin la preceptiva documentación. A la par, el 19 de abril de 2023 ya estaba declarado el llamado 'vector de propagación libre' por lo que la comunidad autónoma ya no daba esos permisos de traslado al sur, con la enfermedad ya declarada en aquella comunidad.

La investigación ha sido impulsada por la Fiscalía de Medio Ambiente de Cantabria y el proceso está siendo instruida por el Juzgado número 1 de Medio Cudeyo, que levantó ayer el secreto de sumario. A la par, y ante los indicios de que este foco haya podido contaminar al país vecino el Seprona está compartiendo la información con la Europol.

Dentro de la investigación que se enmarca que la operación 'Rumia', los agentes se llegan a trasladar hasta dos fincas de Cáceres desde donde se retorna el ganado hasta Cantabria. En ese lugar, la Guardia Civil encuentra «huesos» de una vaca muerta y un crotal «cántabro». Al hilo de estos hallazgos se realizan las pruebas de ADN al animal para cotejar su procedencia, dando cómo resultado que la res muerta no se correspondía con la etiqueta identificativa, de ahí que existan indicios sobre la presunta manipulación del citado crotal. «No hay guías, ni comunicación entre las comunidades autónomas de ese traslado. Se trajeron los animales cuando ellos quisieron», comentaron este viernes fuentes cercanas al caso.

La investigación sigue abierta ahora en otras líneas además de la ya «esclarecida» propagación de la enfermedad. Y es que los dos ganaderos también se enfrentan a un presunto delito contra la salud pública.

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