Gastón Gómez responde hoy en el banquillo por presunta prevaricación

Y qué es lo que se supone que hizo el alcalde de Cayón para que el Ministerio Público pida que lo aparten de su cargo durante casi una década, pues la respuesta es sencilla para aquellos que propiciaron la denuncia (PRC, PSOE y AIPC) en 2013. Entonces estos tres partidos ejercían el bloque de la oposición municipal y acusaban al regidor de utilizar el rodillo de su mayoría absoluta para poco menos que campar a sus anchas sin respetar las normas de contratación o de gasto. En concreto, hoy, martes, Gómez responderá ante la Sala de lo Penal número 4 de Santander a sólo tres de los catorce hechos que se le imputaban inicialmente. Se trata de las irregularidades detectadas, entre los años 2007 al 2013, en la contratación de personal de la brigada de obras, las escuelas deportivas municipales o la Agencia de Desarrollo Local. En uno de los casos, Gómez acordó contratar a una «persona concreta» como técnico infantil «pese a que había otras dos candidatas con orden preferente en la bolsa». También tendrá que defenderse en esa misma sala por el caso de la contratación de una exconcejala del PP de Santander como agente de igualdad a la que el regidor «por decisión personal y sin cobertura legal» mantuvo en el puesto.

Las otras once causas que se le imputaban en aquella denuncia fueron sobreseídas en 2015, porque el juez instructor de Medio Cudeyo no vio indicios de delito en ellas. Las mismas estaban relacionadas con asuntos de diferente índole. Entre ellas, los denunciantes cuestionaban la actitud irresponsable del regidor en el pago de facturas sin consignación, abonar los recibos del teléfono de un exconcejal (que lo pagó de su bolsillo después de la acusación), la invitación de comidas a particulares o la presunta utilización de la brigada de obras para hacer el trabajo adjudicado a una empresa privada -vinculada a un cargo del PP, según reconoció el regidor en un Pleno- en el arreglo de la escuela de Argomilla. Dos de estas 11 acusaciones archivadas fueron tildadas por la jueza que instruía el caso en primera instancia como «temerarias» al ser planteadas por la acusación sin acreditarlas convenientemente.

Para entender cómo tres partidos de diferente índole se unían contra el alcalde de Cayón hace ahora siete años, hay que situarse en el contexto de una legislatura (2011-2015) muy dura, con unas arcas municipales mermadas y endeudadas por la crisis económica que sufría el país. En aquel momento, PRC, PSOE y un edil de AIPC denunciaban que Gómez no atendía muchos de los reparos de los técnicos en cuanto a temas de rigor como cumplir las reglas de gasto o casos de contrataciones arbitrarias de personal. De hecho, se lo avisaban en cada Pleno municipal y se reflejaba en aquellas actas custodiadas ahora en el cuaderno de bitácora municipal de la época. Los concejales que interpusieron aquella denuncia con múltiples aristas sobre las supuestas irregularidades cometidas por el regidor, declaraban hace unos meses -a las puertas del primer aplazamiento del juicio oral (marzo)- que acudieron a los tribunales a la vista de «multitud» de informes técnicos «demoledores» sobre la forma de proceder del alcalde. A pesar de que dicen que se lo avisaron, aseguran que Gómez reaccionaba manteniendo una «actitud retadora» para que le denunciasen.

Todos ellos mantienen hoy que aquella «única» denuncia respondió a la responsabilidad que tenían entonces de «defender los intereses» del municipio, ante las evidencias de los informes técnicos que se les presentaban en las distintas causas que aglutinaron.

Pese a las denuncias que lo sentarán hoy en el banquillo, Gómez ha revalidado hasta dos mayorías absolutas en las urnas después de conocerse su imputación. Además, el regidor cuenta con el respaldo de su partido (PP). De hecho, los populares han recordado en varias ocasiones que su código ético no contempla la expulsión si no son casos de corrupción y consideran que lo que se le imputa al alcalde de Cayón no lo es. «Nadie está encausado por llevarse un sólo euro, no son adjudicaciones de obras ni de servicios, no hay tráfico de influencias, solo es contratación de personal», resumían hace unos meses fuentes de la ejecutiva regional popular.

Por su parte Gómez siempre ha mantenido su «inocencia» en este dilatado proceso y ya en marzo, antes del confinamiento, declaraba a éste periódico que esperaría al dictamen judicial para «hablar y hablar» del caso.