El Gobierno resucita el teleférico de Vega de Pas y prevé iniciar las obras en 2025

El proyecto será prácticamente el mismo que dejó hecho Diego, excepto algunos cambios en el apartado técnico y de la obra civil, sobre la maquinaria que debe usarse, debido a los años que han pasado desde entonces, y que pueden obligar a variar el presupuesto original de 16 millones de euros. El tercer teleférico turístico que tendrá Cantabria –después de los de Fuente Dé y Cabárceno– salvará un desnivel de 424 metros y conseguirá unir mediante un recorrido de 2.317 metros las inmediaciones de la estación de Yera con el alto del Muro de Peñallana, situado a 1.030 metros de altitud.

La primera opción fue conectar Vega de Pas con la cumbre del Castro Valnera, pero fue descartada ante la evidencia de que la zona de Pandillo, de donde partía, está calificada como Lugar de Interés Comunitario (LIC). Hubo por tanto que cambiar el proyecto hasta decidir que Yera, próxima a la vieja estación del Santander-Mediterráneo, en La Engaña, era el lugar adecuado.

Poco después de tomar posesión el pasado julio, la consejera de Turismo, Eva Guillermina Fernández, reconoció su intención de resucitar el proyecto, pero no dio muchos más detalles. Ni de posibles cambios en el diseño, ni un cálculo del nuevo coste ni el calendario. Este periódico ha podido saber ahora que las previsiones del Gobierno regional son sacar a concurso la obra el año que viene con la vista puesta a empezar los trabajos de construcción en 2025. Hay que tener en cuenta que, debido al tiempo transcurrido, los permisos ambientales que en su día se concedieron al proyecto ya han caducado, por lo que deberán tramitarse de nuevo una vez que concluya la revisión del documento.

El Ejecutivo de Buruaga también planea emular el modelo de colaboración público-privada original, y que fue el desencadenante del choque posterior con el Gobierno PRC-PSOE. Si se mantiene exactamente igual el contrato, una vez construida la instalación, la empresa adjudicataria explotará el Mirador del Pas en régimen de concesión por un periodo de 40 años. Deberá abonar a Cantur un canon de 50.000 euros a la firma del contrato y un canon variable anual que dependerá del nivel de afluencia: hasta los 120.000 visitantes, toda la recaudación será para la empresa, y a partir de esa cifra –en la que los informes técnicos establecen el equilibrio económico-financiero de la concesión– el adjudicatario abonará un 4% de la recaudación, porcentaje que se incrementará progresivamente hasta un máximo del 12%.

La Consejería de Industria y Turismo, que por aquel entonces dirigía Eduardo Arasti, había dejado finiquitados todos los trámites administrativos y legales para que el nuevo titular, Francisco Martín, sólo tuviera que rubricar el contrato. De hecho, la Mesa de Contratación de Cantur había aprobado la propuesta de adjudicación. Pero Miguel Ángel Revilla, solo un mes después de tomar posesión como presidente de Cantabria en 2015, firmó la sentencia de muerte del teleférico. Lo hizo al estimar que el proyecto era «inviable», presentaba «problemas técnicos y medioambientales» y suponía un «riesgo económico» evidente para Cantur.

Sin embargo, el estudio económico realizado por el Gobierno del PP calculaba que el impacto de la infraestructura ascendería a cerca de 21 millones de euros, de los que 3,6 corresponderían al impacto directo en el sector turístico de la zona y 17,1 al impacto tanto indirecto como inducido. El estudio estimaba, además, que el teleférico generaría 152 puestos de trabajo: 22 en la propia instalación, 74 en el sector turístico de la comarca y 56 inducidos en otros sectores de actividad. Todas estas cifras deberán ser revisadas y actualizadas ahora para ajustarse al nuevo escenario económico y social, que no es el mismo que el de hace ocho años.

«Era un proyecto muy bueno y lo enterraron por temas políticos. A la tercera va la vencida. Ahora sí va a salir, estoy convencido», señala el alcalde de Vega Pas, que ya se ha reunido en Madrid con algunas empresas interesadas en ejecutar la obra y quedarse con la concesión del teleférico. Entre ellas la mexicana ACC S.A., que desde 2016 gestiona el teleférico del Parque de Cabárceno con un modelo de concesión muy similar al que el Gobierno del PP pretende implantar en el de Vega de Pas.

Precisamente, el proceso de adjudicación estuvo plagado de obstáculos en la pasada etapa del proyecto. Y fue la principal razón por la que Ignacio Diego no pudo poner en marcha las obras durante su mandato. La primera adjudicataria fue la empresa Casacal –la única que se presentó–, pero renunció al contrato al no lograr un aval bancario de 80.000 euros que Cantur le exigió para acreditar su solvencia. Esta compañía pertenecía al empresario lebaniego Antonio Casado Briz, cuyo nombre apareció al año siguiente en los Papeles de Panamá como accionista en una sociedad abierta en un paraíso fiscal.

El Gobierno del PP decidió entonces convertirse en avalista para garantizar el proyecto y convocar un nuevo concurso. El plazo de presentación de las nuevas ofertas se cerró solo una semana antes de las elecciones de 2015 con una única propuesta, la de la UTE formada por Shepart Investment, de los hermanos Pedro y Alberto Cortina Koplowitz, y la empresa especializada en construcción de teleféricos Casli, que después también construyó los cañones de nieve de Alto Campoo, aliada en esa ocasión con Copsesa.

La apuesta por el teleférico es tan clara ahora que el consejero de Fomento ya ha puesto en marcha la renovación del vial entre Entrambasmestas y Vega de Pas por un coste de 18 millones. «No podemos llevar 250.000 personas a un pueblo y que no tengan por dónde llegar. No se puede hacer un teleférico y dejar la carretera así», explicó hace un mes.