Los herederos del molino de Torrentero en Cayón reclamarán la reversión de la propiedad

La historia de este despropósito arranca en 2017 con una foto de familia, la del abogado donante con un sobrino a su lado, José Luis López Rodríguez, y el también desaparecido alcalde de Santa María de Cayón Gastón Gómez, que veía solo virtudes para el municipio. Por un lado habría un edificio que serviría para albergar la casa de cultura que se merece Santa María de Cayón desde hace décadas y que sigue sin tener. Además, sumaría otra instalación etnográfica: un centro de interpretación del molino. Esta última función era un deseo del donante que condicionaba la cesión del edificio. Así las cosas, Gastón Gómez comenzó la primera fase de rehabilitación del inmueble principal, pero lo hizo sin tener atada la titularidad, puesto que seguían sin cumplirse las condiciones del donante. En la primera fase, se gastaron 120.000 euros para dotar al edificio de un ascensor que lo haría accesible, además de tirar tabiques, remozar la fachada y arreglar el tejado. Nada de aquello se ha podido salvar, ya que las mejoras han sido víctimas de los vándalos.

La legislatura 2019-2023 pasó y concluyó con un molino parcialmente arreglado, pero que no era propiedad del pueblo porque no se había dado cumplimiento al convenio de cesión. Sí es verdad que, en febrero de 2023, la actual alcaldesa, la independiente Pilar del Río, anunciaba que se había «desbloqueado» por fin el acuerdo urbanístico para hacerse con la propiedad del molino, pero solo era el principio de una pesadilla que acaba ahora, con la petición de reversión de la propiedad del edificio a los herederos del abogado.

Ampliar

Una de esas condiciones impuestas por el donante fallecido, la de pedir cauce de agua para el canal del molino, se comenzó a tramitar en el año 2023. Sin embargo, según confirmaba a este periódico el organismo encargado de otorgar el permiso, Confederación Hidrográfica del Cantábrico, el Ayuntamiento lo pidió en su momento pero nunca «completó la solicitud del aprovechamiento hidráulico», es decir, que aparcó el asunto de echar a andar el molino. En el pleno de febrero de 2023, cuando se firmó el convenio urbanístico de esta propiedad, la entonces oposición municipal del PRC se abstuvo, mientras que el PSOE votó en contra de un acuerdo que a ninguno de los dos grupos municipales les daba suficientes garantías jurídicas, por la dificultad de cumplir con las condiciones. Sin embargo Del Río, entonces regidora del PP, se mostró convencida de su viabilidad.