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Las fotografías que acompañan este reportaje son de marzo de 2022, cuando los agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil ( ... Seprona) ordenaron decomisar cinco ejemplares de vaca frisona de una ganadería de Sarón por encontrarse «en estado de delgadez extremo, sin agua a disposición, en un espacio de reducidas dimensiones y sin una ventilación e iluminación adecuadas», según el informe de los uniformados. Los animales encontraron cobijo en el refugio La Manada, en Escobedo de Camargo; pero el ultimátum de la Justicia para su devolución al dueño llegó hace unos días porque no encuentra delito en los hechos. El documento fijó la cita para hoy, 15 de enero, a las diez de la mañana. La pregunta que se hacen muchos en este punto es: ¿Cómo es posible que la Justicia ordene la devolución de los animales a quien los tenía en esas condiciones? Para entender bien los hechos hay que volver a ese día en que fueron encontrados.
Eran las ocho y media de la tarde del 27 de marzo de 2022 cuando agentes del Seprona acudieron a la vivienda del dueño de las reses, en Sarón, tras ser alertados por las denuncias vecinales sobre el mal estado en que se encontraba un gato que vivía en esa finca. Los guardias civiles, que estaban de paisano, preguntaron al hombre si el gato era de su propiedad pero esta persona les dijo que se fueran «que si no llamaba a la Guardia Civil». Cuando los agentes se identificaron el hombre dijo que el gato era suyo –algo que después negaría cuando declaró ante la jueza– y que no tenía seguimiento veterinario pese a que presentaba «un grado de caquexia extremo, úlceras y un tumor epidérmico con zonas de necrosis, leucemia e inmunodeficiencia felina», según indica el informe del Seprona.
Los agentes accedieron a la vivienda para capturar al gato y llevarlo al veterinario, y entonces comprobaron que en los bajos de la casa había dos cuadras en las que se alojaba el ganado vacuno. Vacas de raza frisona que presentaban un claro estado de desnutrición, y que no tenían seguimiento veterinario pese a que en el último año habían nacido 13 terneros de los que habían fallecido 5, según su dueño, como consecuencia de «diarreas».
A ello le siguió la inspección de la veterinaria de la Consejería de Ganadería, que cuestionó al dueño por el estado de anorexia de los animales: «Las cosas están como están: la leche se paga a 36 céntimos y el pienso de los animales a cuarenta y tantos», se defendió él antes de que los ejemplares le fueran decomisados para terminar siendo adoptados por la protectora de Escobedo de Camargo.
El Juzgado de Instrucción Nº1 de Medio Cudeyo abrió una investigación para determinar si había maltrato animal, pero lo descartó en base a la declaración del investigado y a los testimonios de dos veterinarios, que realizaron una serie de recomendaciones al ganadero para mejorar las condiciones de sus animales y las llevó a cabo.
Además, los dos técnicos señalaron que «ningún animal presentaba lesiones ni marcas en la piel». «Si bien los hechos descritos en el atestado del Seprona y presuntamente cometidos por el investigado son reprochables desde un punto de vista administrativo, no encajan en el Código Penal», concluyó la Fiscalía, que interesó el archivo de las actuaciones y el Juzgado lo acordó.
Sin embargo, la Asociación Humaniza recurrió y solicitó la práctica de más diligencias, pero la Audiencia Provincial lo rechazó confirmando la decisión de la jueza. En un auto al que ha tenido acceso este periódico, la Sección Tercera detalla los diferentes tipos de maltrato animal y descarta que los hechos investigados encajen dentro de alguno de ellos. En el caso del gato que halló el Seprona y que el ganadero no reconoce como suyo, aunque inicialmente dijo que sí lo era, los veterinarios no observaron lesiones externas causadas por mano humana, «con lo que se descarta el delito penal».
Respecto a las vacas, la Sala apunta que se encontraban desnutridas y muy delgadas, sin agua a su disposición, en un espacio de reducidas dimensiones y sin ventilación e iluminación adecuadas, «pero no presentaban ninguna lesión –así lo determina el informe de la Inspectora del Servicio de Ganadería, de la que en modo alguno puede sospecharse no sea imparcial, como se sugiere en el recurso–». «Y ninguna de las vacas ha fallecido o sufrido menoscabos desde que ya no están con el investigado», añade el tribunal, descartando delito «al no haber sufrido lesiones concretas más allá de la desnutrición». Apoya esta conclusión en jurisprudencia del Supremo, que determina que «un estado de desnutrición de los animales no implica necesariamente la conducta del delito de maltrato animal».
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Ana del Castillo
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