Maderas José Saiz reclama 12 millones de euros al Gobierno de Cantabria y a Corvera de Toranzo

«¿Qué se sabe del tema de Maderas José Saiz, en qué fase se encuentra?», preguntó el portavoz del PP, José María Mantecón, a la alcaldesa de Corvera, Mónica Quevedo (PRC), en el último pleno del año. La respuesta no dejó indiferente a la sala: «Se sabe que hace diez días han presentado una reclamación patrimonial de 12 millones de euros por las pérdidas que tuvieron por la sentencia que ganaron al Ayuntamiento y al Gobierno de Cantabria», le respondió la regidora en tono serio. Se refería al auto judicial del Supremo que rechazaba dos recursos de casación (de la empresa y el Ayuntamiento) frente a otra sentencia del TSJC, que anuló definitivamente el acuerdo plenario de 2017, en la que se llevaba a aprobación la modificación de las Normas Subsidiarias, en un intento de legalizar las construcciones ya realizadas en una franja de terreno que se solapaba con el LIC del río Pas. Un acuerdo que se tomaba «a instancias» de la propia maderera local. De hecho, según se desprende del primer auto del TSJC de 2022, la modificación se hacía para «reclasificar el suelo rústico en urbanizable de uso industrial para legalizar y ampliar las instalaciones», resumen. Los demandantes (Ecologistas en Acción y vecinos) alegaban que no había «interés general» para hacer esa modificación más allá de la «regularización» de lo ya construido irregularmente. A ello, el Ayuntamiento se defendió argumentando que, en mayo de 1995, ya se aprobó una modificación de las normas a tal efecto, que «clasificaba los suelos como actos para urbanizar y les daba el destino de suelo industrial». Lo que pasó entonces, tal y como trató de explicar la regidora en el pleno, es que aquella modificación «no llegó a publicarse por error del Gobierno de Cantabria, aunque el Ayuntamiento y la Crotu sí la tuvieron vigente».

Por ello, Quevedo se agarró a que «el fallo» a favor de los ecologistas venía porque el Ejecutivo no publicó como, según ella, debería haber hecho en el Boletín Oficial de Cantabria el Plan de Protección del río Pas «y eso supuso volver a iniciar expedientes», dijo en referencia a la delimitación del LIC. Respecto a la reclamación de la empresa, la regidora aseguró que «lo primero» será estudiar si «es cierto que ha habido esa pérdida patrimonial». También aludió a que se tendría que dilucidar «quien tuvo mayor responsabilidad en este asunto», en referencia Gobierno de Cantabria, dejando claro que la reclamación empresarial es a «ambas instituciones».

De la declaración de la regidora en el pleno, también se deduce que la sentencia les obliga a adaptar el Plan General a la delimitación de ese LIC del río Pas donde están las instalaciones sin regularizar. Por ello, el Ayuntamiento tuvo que realizar «un nuevo informe ambiental» de ese LIC que, a su juicio, podría dar algún tipo de solución al problema y quizás «no haya que tirar nada». Quevedo aseguró que había hablado con responsables de la redacción del documento y que intentarían tenerlo «para enero». «Hay que poner el foco en el plan y moverlo cuanto antes para que todo esto se vaya poniendo un poco en orden», reflejó.

Preguntada por este asunto, la regidora quiso aclarar que desde el Consistorio «siempre defenderemos nuestros intereses como Ayuntamiento», aunque también se mostró preocupada por el futuro de la maderera. «Creemos que hay que cuidar el empleo porque es una empresa importante para la comarca y no entiendo que haya gente que alegue para poner palos en la rueda», reflejó, en alusión a los denunciantes.

Ecologistas en Acción no se sorprendía ayer por la noticia de la reclamación económica de la empresa, aunque sí la criticaban «por haberse beneficiado todos estos años de actividad», en unas instalaciones que carecían de cobertura legal.

Al respecto, afirmaban que habían pedido en varias ocasiones al Ayuntamiento de Corvera de Toranzo poder consultar el expediente y la alcaldesa «nos ha echado». Así lo afirmó Florencio Enríquez, representante de EA que ha seguido el proceso. En este sentido, se remitió al escrito presentado el pasado 22 de mayo a la atención de la regidora, en el que se pedía que, toda vez que el TS había rechazado los recursos de casación de la empresa y el Consistorio, y habiendo transcurrido ya los tiempos legales para restablecer la legalidad, y afectando «de forma muy grave a un espacio protegido de la red Natura», instaba al Ayuntamiento a cumplir la sentencia. Esto significa según los conservacionistas que había de ordenar «la paralización de todos los usos y actividades que desarrolla Maderas Saiz en todas las parcelas que fueron objeto del Plan Parcial anulado por carecer de evaluación adecuada», además de iniciar los trámites oportunos para derribar las naves construidas y relacionadas en la sentencia de referencia. En este sentido, el auto de 2022 del TSJC establece una relación de hasta siete instalaciones de servicios ejecutados entre 1995 y 2003, que se han construido en esa franja LIC y de la Red Natura.

Quevedo respondió a los ecologistas en julio pasado, asegurando que el Ayuntamiento «procedía a dar cumplimiento» a la sentencia, reconociendo la anulación de la modificación de las normas y dejando sin efecto la clasificación del suelo que volvía a ser rústico, ordenando «su publicación en el BOC».

Tras esta respuesta, en octubre pasado Ecologistas en Acción requirió a la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria para que ordene al Ayuntamiento la ejecución de la sentencia, al no haber tenido noticia del mismo y constatar que la actividad sigue en marcha.