El pacto del tripartito en Cayón recoge que quien lo rompa debe indemnizar al resto de socios

Según un documento al que ha tenido acceso El Diario Montañés, Pilar del Río y sus dos concejales de AIDC, Ruth Sainz y Jesús Mantecón, firmaron un acuerdo de gobernabilidad que incluía una «cláusula de penalización por incumplimiento». Un acuerdo del que tienen copia las tres formaciones políticas y que recoge una polémica condición: «Cada uno de los firmantes» del pacto se compromete, «en caso de incumplimiento» del mismo, «a indemnizar» al resto «con la cantidad obtenida de sumar el salario de dos anualidades, según el importe correspondiente a la dedicación que se dejará de percibir por cada uno de los perjudicados». Un acuerdo que, según se ha podido comprobar, viene firmado al margen del documento, de puño y letra, por los siete ediles que al menos hasta hoy conforman el tripartito y que, de tener legalidad, obligaría a los independientes a rascarse mucho el bolsillo si hoy invisten alcalde al candidato popular, Francisco Viar.

Según los cálculos realizados, el tripartito liberó de empleo y sueldo a seis de sus siete miembros, lo que supuso un gasto público en salarios de 230.000 euros anuales brutos. Si se restan los sueldos de Del Río y sus dos ediles, dos anualidades de los regionalistas y socialistas supondría un abono de unos 242.000 euros de indemnización. Lo curioso del caso es que fuentes del tripartito han atribuido a los independientes la exigencia de integrar la cláusula en el acuerdo de gobernabilidad a inicios de la presente legislatura, con la intención de apuntalar un acuerdo que hoy quizás llegue a saltar por los aires.

Este periódico intentó ayer sin éxito conocer la opinión de la portavoz y exalcaldesa independiente, Pilar del Río, que rehusó contestar a las preguntas sobre la autoría de la polémica condición impuesta. Del Río solo reconoció la existencia del documento, sin más.

En la otra parte del complicado escenario político que se plantea hoy en el pleno de Cayón está también el supuesto acuerdo que la independiente habría firmado a inicios de año con el PP y del que tampoco ha aclarado nunca nada. De hecho, del mismo solo ha trascendido lo que han desvelado los portavoces del PRC y el PSOE tras su anuncio de dimitir. Según la versión de ambos partidos, Pilar del Río los reunió en «agosto» y les confesó que en un «momento de vulnerabilidad», -coincidiendo con la sentencia que suspendía temporalmente a un Guardia Civil por darle apoyo para salir de un accidente en el que se vio involucrada-, ella firmó un segundo acuerdo del que más tarde «se arrepintió», llegando incluso a pedir «una prórroga» al portavoz popular. Este segundo documento le obligaría a ella a abonar una indemnización monetaria a los populares en caso de ruptura, cuya cantidad no ha trascendido. Lo que sí se conoce, por las manifestaciones públicas de sus todavía socios de Gobierno (PRC y PSOE) es que Del Río les confesó también que la estaban presionando para cumplir ese acuerdo firmado «en la sede regional del PP y ante notario», tanto desde las filas populares municipales, como sus propios concejales de AIDC.