«El acuerdo impugnado no se limitó a una mera toma de conocimiento de la sentencia», defendió en el juicio telemático presidido por el juez Luis Acayro la abogada de la defensa del alcalde de Cayón, Isabel Lastra. Según argumentó, en esa decisión plenaria «sí que se incluyeron una serie de acuerdos y decisiones» que correspondían a la Administración, puesto que fue el Pleno «el que declaró la existencia de la incompatibilidad», esgrimió. La Corporación «no se limitó sólo» a decir que remitiría la citada incompatibilidad a la Junta Electoral Central llegando a declarar incluso «el cargo vacante», resumió la letrada, que también añadió que, en este proceso, derechos constitucionales de su cliente, como «la presunción de inocencia en segunda instancia o la participación política y sufragio pasivo al acceso y mantenimiento en cargo publico», enumeró, habían sido «vulnerados».
El letrado que representa al Consistorio, Javier Núñez, negó que la Administración municipal hubiese vulnerado cualquier derecho del todavía regidor cayonés -que se encuentra de baja- porque se limitó a «dar cuenta» de la situación jurídica de Gómez y cumplir lo que marca la Junta Electoral Central y la Ley Orgánica de Régimen Electoral (Loreg). «El Pleno no debatió ni voto o acordó nada, simplemente se limitó a constatar la toma de conocimiento de esa sentencia de inhabilitación y a constatar los efectos que la misma tenía», subrayó el abogado, aludiendo a la propia jurisprudencia del Tribunal Supremo en base a la interpretación del articulado de la Loreg que acató el Ayuntamiento para iniciar el proceso de sustitución del regidor. Esta ley contempla la «incompatibilidad sobrevenida» del cargo por la pena impuesta que les marca la legislación actual, aunque ésta se haya producido en primera instancia y Gómez la haya recurrido y esté pendiente de una nueva resolución judicial de la Audiencia Provincial.
El Pleno se limitó a «dar cuenta» de la situación de Gómez y a «cumplir» lo que marca la Ley Orgánica de Régimen Electoral
Respecto a la competencia o no del Ayuntamiento para celebrar esa sesión plenaria y trasladar el acuerdo de la destitución del regidor a la Junta Electoral Central, el abogado del Ayuntamiento señaló que, en este asunto, no había lugar a discusión y que era «facultad del Pleno resolver las cuestiones que afecten a la propia composición del órgano», como es la sustitución de un edil o la incorporación de otro concejal de las filas del PP a la Corporación para cubrir el puesto vacante. Una vez resuelto éste tema, y si el juez resuelve a favor del Consistorio, éste tendrá que celebrar días después de la resolución judicial el segundo de los plenos para designar nuevo alcalde. Un asunto que tiene capítulo a parte puesto que aún no está claro quien sustituirá a Gómez dentro de las filas del PP.
Pleno de Presupuestos
En medio de la polémica por la sustitución del regidor, el Ayuntamiento celebró este viernes un Pleno extraordinario para aprobar los Presupuestos de 2021. Un documento que contó con el respaldo de los populares y la abstención de los regionalistas y que asciende a casi seis millones de euros. En el capítulo de inversiones dos proyectos importantes: el arreglo de la piscina cubierta de Sarón, cuyo presupuesto asciende a 165.000 euros y, el segundo, la ejecución de la segunda fase de arreglo de la Casa de Cultura en el edificio del Molino de Torrontero. Para este proyecto, ya iniciado por Gómez en la pasada legislatura, se ha destinado 300.000 euros.
Tras la sesión, el alcalde en funciones, Paco Viar, recordó que la próxima semana se estaría en disposición de aprobar un remanente de 1,5 millones de euros y también se aprobará otra inversión de 580.000 euros que se destinarán al programa 70/30 cofinanciado por Gobierno de Cantabria y por el Consistorio.
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