El PP de Cayón da luz verde al convenio para quedarse con el molino de Torrentero

«Nos pide el cuerpo votar en contra», explicó la portavoz del PRC, Ana Obregón, durante la sesión, tras tachar de «irresponsable» el acuerdo que se llevaba al Pleno sin «informe o documento» que aporte «seguridad jurídica», al asunto del caudal. Del mismo modo, el concejal socialista, Christian Vélez que recriminó al equipo de gobierno que no se «blindase» ante el acuerdo y se fiase todo a confiar en «un señor que es majo», vaticinando que el convenio podría «traer problemas a futuro».

La alcaldesa, Pilar del Río (PP), recordó que lo que allí se aprobaba era «para hacer efectiva la donación y que fuera legal». Insistió en que el Ayuntamiento se había asesorado «y el riesgo único que puede salir de ahí es que no se haga efectiva la donación, que nos quedemos sin casa y sin la cantidad que se ha invertido que es mucho peor», resumió, en referencia a que el Consistorio, en época del anterior regidor ya se había gastado 120.000 euros en reformar un edificio que aún no era suyo porque no se había hecho efectivo el convenio. Cabe recordar que esta inversión se ha perdido ya en parte por varios episodios de vandalismo que ha sufrido el inmueble.

En el pleno también se debatió el abono de facturas sin cobertura del presupuesto, algunas de ellas con reparos de la intervención municipal por percibir alguna posible irregularidad en su tramitación como la ausencia de contrato o la falta de detalle de los trabajos realizados en las mismas. En concreto fueron tres facturas -de 26.000 euros cada una- relacionadas con contratos vinculados a la gestión de las escuelas deportivas en las que la portavoz regionalista alertó de una posible «prevaricación administrativa» ya que no hay contrato en vigor con la empresa que las ha emitido, a lo que el edil de Deportes, Oliver Trespalacios, precisó que todo era debido a los «retrasos en la licitación» por los continuos cambios de secretario e interventor. También se cuestionó por parte del PRC otro contrato con reparo por valor de 6.050 euros a la empresa Atrius Asociados, vinculada al exconsejero de Medio Ambiente del PP, Javier Fernández, tal y como deslizó en el debate la regionalista.

La regidora explicó que había expirado el contrato con la anterior adjudicataria y habían tenido que recurrir a un contrato menor para atender diferentes frentes judiciales abiertos.