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Los alcaldes de Saro, Villafufre y Selaya están en pie de guerra contra la Consejería de Educación, un enfado que deriva de un anuncio realizado por la Dirección General de Centros al colegio El Castañal de Selaya, el pasado 27 de abril, en el ... que se les indicaba que los «nuevos alumnos» de Saro, Villacarriedo y Villafufre «no se admitirán como usuarios» del transporte el próximo curso. Un recorte que, días después, se ha quedado sin efecto puesto que se han rectificado criterios.
Pese a que todo va a quedar igual, lo cierto es que la comunicación inicial cayó como un jarro de agua fría en la comunidad escolar de los municipios afectados, puesto que muchos de los niños eligen este centro público de Selaya para cursar estudios, aunque sea más próximo el CRA de Santibañez, en Villacarriedo. Además, y según apuntan los alcaldes, siempre se ha mantenido así el transporte hasta ahora.
¿Con qué criterio se adoptó la decisión de la polémica ahora ya resuelta? Pues hay varias respuestas y ninguna coincide, aunque se haya llegado al mismo punto. Si les preguntamos a los alcaldes afectados, los de Selaya, Saro y Villafufre: Cándido Cobo (PP), Miguel Ángel Prieto (PP) y José Luis Cobo (PP), respectivamente, la decisión comunicada de restringir el transporte a los alumnos de El Castañal en estos tres municipios ha sido «política», y se ha hecho con intención de «favorecer o potenciar» el Centro Rural Agrupado (CRA) de Villabañez (Villacarriedo) frente al de Selaya, coartando así la libertad de los padres «de elegir centro», puesto que si te quitan «la comodidad de que te dejen a los niños en la puerta, muchos padres se lo pensarían», dicen.
Además, según insiste el alcalde de Selaya, Candido Cobo, las explicaciones que, en su momento, se dan al claustro educativo van en esa línea «apoyar al colegio de Villacarriedo y eso es potenciar a un colegio público en detrimento de otro también público» criticó. «Ha sido una decisión política, porque si es un criterio técnico ¿por qué lo vas a cambiar?, se están inventando excusas sobre la marcha por el rechazo que ha habido», sentenció.
Por su parte, el interpelado, el director General de Centros, Jesús Oria, respondió ayer a las partes. Lo primero que hizo fue remitir una carta a El Castañal en la que comunicaba que la medida se modificaba. A partir de ahí, los niños de Saro y Villafufre tendrán derecho al transporte y la excepción llegaba en la de Villacarriedo, aunque apenas tendrá efecto más que testimonial, ya que los niños de este municipio que estén escolarizados, «sus convivientes o hermanos», podrán seguir con el transporte a Selaya, incluso los que no estén aún en el centro. También aquellos niños que no tengan hermanos pero quieran ir a El Castañal lo podrán seguir haciendo, si hay plazas en el autobús, que sí las hay.
Una medida, aseguró Oria, que cuando se comunicó respondía a un criterio exclusivamente «técnico» y no político para favorecer a un centro frente a otro como le acusan los alcaldes. En este sentido, argumentó que la propia Orden de Transporte Escolar de 2003 así lo marca, y que todos los años se hacen esas revisiones en todo el mapa cántabro escolar. ¿Y qué dice la norma? Pues que tienen derecho a ese transporte los niños que carezcan en su localidad de un centro educativo público y que tengan que desplazarse a otra localidad a más de dos kilómetros de su residencia. Partiendo de esta base, según explica Oria, los técnicos detectaron que había «tres salidas» que no correspondían. Tras hablarlo con el equipo directivo del CEIP El Castañal «lo hemos estudiado y se mantendrá idéntico», zanjó.
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