Salvar la esencia pasiega

Aí lo refleja la última acta de la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo (Crotu), en su sesión del pasado 8 de abril, en la que se acuerda la publicación de esta herramienta o manual que marca sólo los criterios recomendados para intervenir en estas construcciones. Aunque la medida se aprobó y el documento de casi un centenar de páginas ya se puede consultar en la web de la Dirección General de Ordenación del Territorio y Urbanismo, algunos técnicos de la citada Comisión plantearon dudas sobre la rigurosidad del mismo.

El objeto de la guía es «establecer criterios» para intervenir en las cabañas del territorio pasiego, las parcelas en las que se localizan, el cabañal y su entorno próximo, con el fin de contribuir a «cultivar una nueva sensibilidad de los agentes que están interviniendo en las obras de reforma y rehabilitación de las cabañas, colaborando, junto con otras medidas, a la valoración y protección de este patrimonio», resumen los técnicos que elaboraron el documento orientativo.

Una intervención en las cabañas que va aumentando progresivamente desde que, en 2014, el Ejecutivo regional de entonces (PP) quiso dar respuesta a la reivindicación de muchos propietarios para poder rentabilizar sus cabañas y no condenarlas a la ruina mientras llegaba el Plan Especial de Protección del Territorio Pasiego, que llevaba ya años bloqueado en un tenso debate entre técnicos, propietarios de cabañas, ayuntamientos y colectivos conservacionistas.

El mencionado decreto de 2014 se planteó con el objetivo de dotar de una nueva vida a estos edificios singulares enfermos de abandono. A inicios de 2010, según datos oficiales, el 40% de los cabañales catalogados estaban ya abandonados y muchos amenazaban ruina inminente. La normativa de urgencia aprobada entonces levantó la mano a una rehabilitación acorde a su tipología para uso turístico y funcionó, según reconocen hoy en día algunos de los alcaldes con más cabañas de esta tipología en la región.

Es por ejemplo el caso del alcalde de Selaya, Cándido Cobo, cuyo municipio cuenta con el «mayor número» de cabañales pasiegos para uso turístico. Para él la aprobación de este decreto marcó un antes y un después para aclarar el futuro de estas construcciones. «Tenemos aquí ya rehabilitadas y funcionando más de treinta cabañas para uso turístico. Para nosotros ha sido un gran acierto de cara a su conservación y todo un éxito», afirma.

Respecto a la guía recién editada, el regidor la considera una «herramienta más», pero incide en que de momento no es una norma, aunque «marcará las líneas a seguir en una rehabilitación».

El manual de buenas prácticas que acaba de aprobar la Crotu en la última sesión de su anterior gobierno es, en definitiva, una hoja de ruta que, según Urbanismo, trata de evitar que las cabañas se conviertan en una ruina. Cantabria cuenta en la actualidad con un catálogo de más de 10.000 cabañas de tipología pasiega situadas en los valles del Pas, el Pisueña, el Asón o el Miera. En base al decreto de 2014 se han habilitado para uso turístico 23 cabañas con 163 plazas hosteleras, aunque los alcaldes manejan otras cifras mayores destinadas al alojamiento rural en funcionamiento. No obstante, los datos oficiales en base al catálogo que maneja Turismo son: 5 en Vega de Pas, 9 en San Roque, 4 en Santa María de Cayón, 3 en Liérganes, una en Soba y otra en Riotuerto.

Además, la guía editada ahora opera para las intervenciones en las construcciones registradas dentro del Catálogo de Cabañales, Cabañas y Elementos Singulares del Territorio Pasiego, elaborado por la Dirección General de Ordenación del Territorio y Evaluación Ambiental Urbanística, que deban ser autorizadas o informadas por la Crotu. Dicho Catálogo incluye edificaciones de los municipios de Arredondo, Liérganes, Luena, Miera, Ruesga, San Pedro del Romeral, Santa María de Cayón, Saro, San Roque de Riomiera, Selaya, Soba, Vega de Pas y Villacarriedo. No obstante, el documento en cuestión será de aplicación también en edificaciones en suelo rústico aprobadas por el Ayuntamiento y esto se extiende a otros municipios como Corvera de Toranzo, Santiurde de Toranzo, Riotuerto, Puente Viesgo o Villafufre.

Los criterios de la guía «se observarán en las obras de reconstrucción, restauración, renovación y reforma de edificaciones preexistentes, para ser destinadas a cualquier uso compatible con la legislación sectorial, así como con el planeamiento territorial y urbanístico, incluido el uso residencial, cultural, actividad artesanal, de ocio y turismo rural», resumen desde la Dirección General de Urbanismo.

Según destaca el Ejecutivo, la guía es fruto de años de trabajo «en el reconocimiento, conservación y puesta en valor del patrimonio pasiego» y con ella se pretende «favorecer la integración de los nuevos usos en las cabañas y servir como orientación para los usos tradicionales».

A pesar del visto bueno de la Crotu, la guía como tal ha reabierto el debate y planteado reparos técnicos a su redacción «muy genérica» -para el Colegio de Geógrafos- o revisable en algunos aspectos como los habitacionales o la definición de usos turísticos, según hicieron constar los representantes de Turismo, Vivienda o Medio Ambiente en el acta de la Comisión de la Crotu.

Al mismo tiempo, el representante de Medio Ambiente y Política Social, José Manuel Lombera, defendió la guía para evitar la ruina de las cabañas y como «alternativa a un Plan Especial de Protección de la Cabaña Pasiega, que no va a tramitarse», afirmó, atestiguando que el manual tampoco va a promover el desarrollo de más intervenciones «sino que orienta de cómo tienen que efectuarse las rehabilitaciones».

Al contrario que Lombera, la representante del Colegio de Geógrafos Margarita Barreda justificó la única abstención al documento (el resto lo aprobó) al considerar que era «imprescindible» continuar con la redacción del Plan Especial. «Vemos una guía redactada en términos tan genéricos, que pensamos que podría haberse hecho extensiva a los invernales lebaniegos», opinó. Desde este colectivo se considera que respaldar estos términos generales de intervención contribuye a alentar la consolidación del modelo de edificación dispersa y favorece el abandono del patrimonio arquitectónico.