El Supremo ordena al alcalde de Castañeda que facilite información a la oposición

«El alcalde proporcionó una respuesta genérica, imprecisa y vaga respecto de lo solicitado», explica en su conclusión principal el TS que insta al primer edil de Castañeda a que proceda a facilitar la documentación pedida relativa a varios expedientes de obra y asuntos contables.

El asunto viene de lejos, ya que la petición de información que registró el edil de Castañeda es de «septiembre de 2019». En ella se interesaba por unas obras realizadas en el pabellón deportivo en 2017, también demandaba ver el expediente de un asfaltado en el barrio de Mijares, el contrato del técnico municipal y, también, pedía examinar el extracto de la cuenta bancaria relacionada con los pagos al Ayuntamiento de empresas forestales.

La respuesta que obtuvo semanas después fue solo en lo relativo al pabellón. En el escrito que se envía al edil para motivarle por qué no le aportan el resto de documentación se indica que se lo harán llegar «cuando lo permita el volumen de las tareas municipales». Tras intentar varias veces que se le atendiese, el edil socialista acudió a los tribunales, donde perdió en primera instancia, por lo que volvió a recurrir y llegó al Supremo que finalmente le ha dado la razón y ha conseguido, además, crear jurisprudencia de referencia en un caso bastante clásico en el funcionamiento de la vida municipal de muchos ayuntamientos: las reticencias por parte de algunos regidores para no aportar la información requerida a la oposición.

El recurso de Casación presentado ante el Supremo consigue, entre otras cosas, que se anulen las dos sentencias precedentes del TSJC y de la Sala de lo Contencioso Administrativo número uno de Santander. En la denuncia inicial, el citado edil acusaba al regidor de vulnerar su derecho a la información y lo acusaba de «inactividad» a la hora de facilitar la documentación, cosa que le reconoce ahora el TS.

En una de las sentencias cántabras ahora anuladas, se aludía a que «el derecho de información de los concejales está vinculado a que la documentación solicitada esté referida a hechos que fueran a ser tratados en los plenos municipales». Un argumento que echa ahora por tierra el TS porque entiende que ese no es un condicionante válido para negar la información o la consulta de expedientes. En este sentido, el Alto Tribunal considera que el derecho de información del edil no puede quedar limitado a los asuntos que se traten en las sesiones, y sí podrá hacer consultas que sirvan a su papel como edil en la función de control a la acción de gobierno.

En este sentido, explican que tiene derecho a examinar la documentación «e incluso obtener copias de documentos concretos que la integren, pero los originales no podrán salir del lugar en que se encuentran», incide. También rechaza la sentencia el argumento municipal que se quejaba del alto número de peticiones de información (una media de una a la semana) que ejecutaba el edil. «No existía impedimento grave que dificultase el acceso inmediato a lo solicitado o la respuesta impeditiva a la documentación», resuelve.

La sentencia viene a corroborar en general que los ediles tienen derecho a ver e incluso obtener copias de documentos y ser atendidos por la administración en un tiempo razonable, con el único límite para los alcaldes reacios a aportar documentación que se demuestre un abuso o extralimitación de la petición de información.