Suspenden a un sargento de la Guardia Civil por ayudar a la alcaldesa de Cayón a irse del escenario de un accidente

El Alto Tribunal considera al sargento culpable de una «falta muy grave» contemplada en el artículo 7.7 del Régimen Disciplinario de la Guardia Civil. Es decir, le imputa un «abuso de atribuciones que causa grave daño a los ciudadanos o a la administración». Tras ello, desestima el recurso contencioso presentado por el agente para eludir la sanción impuesta de seis meses de suspensión de empleo y sueldo por «haber favorecido» que la regidora de Cayón (entonces alcaldesa por el PP y hoy independiente por el partido AIDC) saliese del lugar del suceso «sin identificar» y sin que se le pudiese practicar prueba alguna de consumo de alcohol o drogas.

Los hechos se remontan a la noche del 6 de noviembre de 2021. En esa fecha, la regidora golpea por detrás, con su Toyota Airis, a otro vehículo en el que iba una pareja que accedía a su vivienda en Liaño (Villaescusa). Como el vehículo siniestrado se desplaza hasta el carril bici y la copiloto se queja de dolores, se llama al 112 para que acuda la ambulancia y también a la Guardia Civil para que acuda una patrulla. Entre medias, tras hacer la alcaldesa una llamada a «una amiga» para que le ayude, llega a la escena del accidente el agente -ahora sancionado- «de paisano» y se identifica como Guardia Civil ante el conductor del coche golpeado (un Seat Ibiza) al que le pide la documentación y le dice que se ocupará de todo. Al rato llega la patrulla de la Benemérita a la que le toca intervenir en el atestado tras haber recibido aviso del 112 y encuentra allí al sargento y a una «mujer rubia» (la alcaldesa) al lado del vehículo Toyota.

El problema surge cuando el agente sancionado explica a sus compañeros que «ya estaba todo arreglado», que se trataba de un «pequeño golpe» y que los implicados ya habían quedado para «arreglar el parte» de manera amistosa. Los dos guardias le indican al sargento «que espere» mientras hablan con los ocupantes del otro vehículo siniestrado cuando, «para su sorpresa», el suboficial de El Astillero ahora sancionado se lleva de allí a la alcaldesa en su coche «abandonando» de forma precipitada la escena del accidente que había provocado Del Río, tal y como reconoce ella en su declaración.

El otro escenario de esta rocambolesca historia que ha acabado en el Supremo está en el propio cuartel de El Astillero, donde se localiza al sargento tras haber llevado a casa a la alcaldesa. Allí, un teniente le pide explicaciones por ello y el suboficial reconoce los hechos admitiendo que se había llevado de allí a Del Río «por tratarse de un cargo público». El superior le afea el comportamiento y le advierte de que «con tal actuación ha frustrado la práctica de diligencias importantes», pero el sargento le replica: «Tenía que sacar de ahí a la alcaldesa».

No es hasta casi diez días después (15 de noviembre) cuando la regidora acude al cuartel a declarar, aunque previamente ya se había tramitado el parte amistoso del accidente con la mediación, de nuevo, del sargento en cuestión. De la testifical de Del Río, que recoge el fallo judicial, se deduce que ella llamó esa noche tras el accidente a su «amiga» y que esta llegó con su marido, que resultó ser el guardia civil implicado en su repentina marcha del lugar del suceso. Es el sargento, según el relato de la alcaldesa de Cayón ante la Guardia Civil, quien le acerca en su coche hasta Sarón porque ella se encontraba mal. Ante la Benemérita la alcaldesa explica que abandonó el lugar «porque le dio un ataque de nervios», además de «nauseas», tras el accidente y que, al día siguiente, se personó en el cuartel para terminar de tramitar el parte amistoso, enviando también sus datos por whatsapp al «marido de su amiga», es decir, el guardia civil.

En sus alegaciones, el sargento sancionado considera «injusta» la medida disciplinaria contra él ya que sostiene que «actuó dentro de su ámbito de competencias». También argumenta que no impidió con su acción la práctica de ninguna diligencia como le imputa el cuerpo armado para así expedientarlo. «Acudió a un siniestro de circulación de escasa entidad según las competencias que le son propias, más aún cuando fue requerido personalmente para ello y tras solicitar la intervención de una patrulla al Puesto de El Astillero y se le informó que no había», por lo que decidió ir «en auxilio de la autoridad», refleja también en su argumentación la sentencia del TS.

Hay otro dato que también refleja el texto del Supremo, y es que esa misma noche la Guardia Civil intenta localizar a la alcaldesa en su domicilio –donde había sido trasladada previamente por el sargento– sin poder hablar con ella. Tampoco responde al teléfono aunque «sí que identifican –allí– el vehículo implicado en el accidente».

La sentencia no deja lugar a demasiadas dudas sobre lo que sucedió esa noche y establece que el suboficial optó por adoptar «una conducta orientada a beneficiar y favorecer ilícitamente a otra persona que no debería haber obtenido ningún trato de favor, pues su condición de regidora municipal no se lo otorgaba», refleja el auto. También insisten los jueces que analizaron el recurso del sargento a la sanción impuesta que «no cabe duda alguna que con su comportamiento ocasionó un grave daño a la Administración representada por la Guardia Civil».