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Casi la mitad de los peones forestales contratados por el Ayuntamiento de Luena mediante Corporaciones Locales (tres de ocho empleados) han tenido que acudir a ... la reclamación laboral para poder cobrar un finiquito de tan sólo 220 euros cada uno. Una cantidad que se les adeudaba, tras extinguirse el periodo de contratación de los seis meses pero que el Consistorio no quiso pagar, en un principio, alegando que esas cantidades «estaban prorrateadas» en sus nóminas. Al no estar conformes y, tras la solicitud reglada de estos trabajadores ante el órgano de mediación laboral (Orecla) se resolvió el asunto dándoles la razón. Tanto es así que el propio regidor, el regionalista José Ángel Ruiz, acabó firmando la Resolución admitiendo esta deuda y abonándola.
De la medida se beneficiaron además, el resto de trabajadores que no acudieron a la demanda laboral, al conformarse con las explicaciones del Consistorio. El tema podría quedar en una anécdota o error administrativo, sino fuera porque los ya extrabajadores que han planteado la reclamación de cantidades (Luis López, María Sol Martínez y Víctor Barros por el momento) sospechan que esto podría haber pasado en otros reemplazos de años anteriores. Lo piensan así porque, según han podido corroborar, igual que a ellos se les hacía «firmar un papel idéntico renunciando al finiquito», explican. A preguntas de éste periódico, el alcalde de Luena, José Ángel Ruiz (PRC), admitía que el Ayuntamiento «nunca» había abonado antes el finiquito a los temporales de Corporaciones «porque se les pagaba por encima del convenio» y aseguraba que todo estaba «correcto» sin querer hacer más declaraciones al respecto.
Los trabajadores de Corporaciones Locales se contratan en base a la Orden de ayudas que se solicitan al programa de colaboración con entidades locales del Servicio Cántabro de Empleo, abonando el gobierno de Cantabria la totalidad de «los costes salariales y de seguridad social» de estas personas con dificultades de inserción laboral o situación vulnerable. En ese coste se incluye también «la indemnización a la finalización del contrato legalmente establecida», según refleja la propia Orden de la subvención regional.
José Ángel Ruiz, Alcalde de Luena
Al respecto, los denunciantes explican que, cuando preguntaron por la indemnización «al resultarnos extraño el papel que querían que firmásemos», les argumentaron desde el Ayuntamiento que el dinero se les abonaba mes a mes «prorrateado» en las nóminas. Cuando éstos acudieron informarse a los sindicatos corroboraron que se les pagaba el sueldo «en base al convenio de referencia», ni un euro más, y que la liquidación «no estaba metida» en la nómina, por lo que, ante la negativa municipal, se vieron obligados a reclamar este derecho mediante la mediación laboral. El regidor fue quien acudió al encuentro y admitió finalmente la deuda. Tras ello se abonó el importe a los trabajadores que protestaron y también al resto.
Entre la documentación aportada para hacer la reclamación laboral se encuentra un escrito en el que, entre otros planteamientos, el Ayuntamiento de Luena conmina a estos empleados a «renunciar a la presencia de representación legal de los trabajadores en el momento de firmar», o se insiste en «dar la conformidad a la liquidación» que luego no se les abona o, incluso, mencionando su respaldo «inequívoco» a una renuncia expresa «a cualquier reclamación posterior que tenga por objeto cantidades derivadas de la relación contractual...».
Según responsables del Servicio Cántabro de Empleo consultados por éste periódico, en el documento que se solicitaba firmar a los trabajadores de Luena «hay cosas que chirrían». Por ejemplo, citan, la referencia a la renuncia a la presencia de un representante legal en la firma «porque es un derecho del trabajador» y la forma de expresión que «parece que es decisión empresarial», opinan. No obstante, también aclaran que no constaba en su departamento denuncia expresa por impagos al Emcan (los trabajadores no llegaron a esa fase, tras reconocer el Ayuntamiento de Luena la deuda en el Orecla).
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