Valles Pasiegos alega contra su salida del listado de riesgo grave de despoblamiento

Esta variación de criterio ha indignado al Grupo de Acción Local (GAL) Valles Pasiegos –presidido por el alcalde de Villacarriedo Ángel Sainz (PRC)–, que ha presentado alegaciones contra esta decisión, un paso que también ha ejercido el alcalde de Miera, el regionalista José Miguel Crespo, en «defensa de los intereses municipales».

Y es que esta modificación de estatus –pasarían a engrosar la lista en riesgo de despoblamiento– no es baladí. Según el GAL, generará a Miera, San Roque y Vega de Pas «un impacto negativo clave para su desarrollo económico, social y demográfico», ya que no podrán obtener el 65% de porcentaje máximo de ayuda en el marco del programa Leader. «Esta nueva realidad implica reducir de manera drástica un elemento motivacional de enorme valor en contextos poblacionales donde está siendo muy complicado dinamizar la actividad privada».

Desde el GAL solicitan al Gobierno regional que se revisen los criterios y que se elimine la densidad de población como factor excluyente –que sea solo condición evaluable– por estar supeditado a la extensión del municipio y no a la realidad demográfica actual. Y es que de acuerdo a las cuatro condiciones que recoge el artículo 1 de la orden –crecimiento negativo, renta per cápita inferior a la media regional, tasa de envejecimiento por encima del 30% y población inferior a 2000 habitantes– queda de manifiesto de «manera objetiva» que están en una situación de pérdida extrema de habitantes.

Además, en las alegaciones se expone que estas tres localidades cumplen otros indicadores que «demuestran que se encuentran en un proceso de despoblación extremo para el que es preciso aplicar medidas urgentes». Estos indicadores reflejan que «desde comienzos de siglo las tres localidades han estado muy próximas o han perdido más de 1 de cada cuatro habitantes, que el número de pensionistas supera al de personas afiliadas a la Seguridad Social, las viviendas principales están por debajo del 50% y los hogares unipersonales superan el 30%, con la excepción de San Roque, en que uno de cada dos hogares es unipersonal».

Desde el GAL proponen al Ejecutivo regional incorporar nuevos criterios a los cuatro ya contemplados en el artículo 1 de la orden como la edad media de la población (superior a 45 años), el porcentaje de mujeres (inferior al 50%), personas afiliadas a la Seguridad Social (inferior al número de pensiones contributivas), vivienda principal (inferior al 50%) y hogares unipersonales (superior al 30%).

El plazo para presentar las alegaciones finalizó ayer y el alcalde de Miera, José Miguel Crespo, remitió su propio documento justificando el «grave prejuicio» que causará este cambio. «La salida de Miera supondría acabar con aquellas medidas de discriminación positiva tan necesarias y cuyos frutos poco a poco vamos viendo, así como la pérdida de programas y ayudas destinadas a garantizar la supervivencia de nuestros pueblos», asegura. «La práctica totalidad de las subvenciones están supeditadas a esta clasificación y el perjuicio es enorme. No se han medido las consecuencias de esta decisión que tanto daño hace y en caso de no rectificar acentuará más la brecha de despoblación».

El alcalde de San Roque de Riomiera, Antonio Fernández (PP), aunque no ha presentado alegaciones propias se suma a las del GAL, lamentando que es una «faena» y reclama que se elimine el criterio de densidad para que «no nos saquen porque será un perjuicio grandísimo». No comparte este parecer el regidor de Vega de Pas y senador por el PP, Juan Carlos García, que sostiene que a su municipio esta modificación la afecta «muy poco» porque «el GAL hace unos años nos sacó de las subvenciones para rehabilitar cabañas como casas rurales diciendo que había ya muchas».