Piden zonas de exclusión eólica para frenar proyectos que atenten contra el paisaje

Todo empezó el pasado 10 de febrero cuando vecinos y concejales de todos los partidos y territorios se «enteraron por la prensa» de que Garma Blanca ya estaba aquí. El proyecto salía a información pública de la mano del Ministerio de Transición Ecológica y nadie sabía nada, o solo algunos privilegiados. Poco a poco trascendieron las ubicaciones de los trece aerogeneradores de 192,5 metros, acompañados de subestaciones y líneas eléctricas de evacuación. Se iniciaron las asambleas. Primero Miera, luego Riotuerto, seguido de Arredondo y Solórzano. Hubo alguna a la que se pusieron trabas a su celebración. La empresa, sin embargo, porque así lo ha admitido la misma a este periódico, llevaba meses atrás informando a algunos Ayuntamientos, no a todos.

Partiendo de esta base, vecinos concejales de la oposición y algún alcalde de los territorios afectados (Miera, Riotuerto, Solórzano o Arredondo) arrimaron el hombro y pidieron plenos o plantearon modelos para hacer alegaciones. En el caso de Entrambasaguas, este es el único Consistorio que no ha estado informado por la empresa hasta este viernes, pero previamente ya había presentado alegaciones en contra. Desde un primer momento, en aquellas reuniones vecinales también hubo representantes parlamentarios de Vox y PP, o extraparlamentarios como IU, que llegó a ser el primero en presentar junto a Equo una iniciativa para abrir el debate en la Cámara regional.

Para entonces, finales de febrero, en Miera ya habían hecho hasta una consulta popular, en la que los merachos que participaron, casi un 80%, dijeron «no» a los molinos de Garma Blanca.

En paralelo, en Santander, los partidos empezaban ya a introducir el debate en el Parlamento e interpelar al Gobierno regional, que dijo que «no era competente» en parques de más de 51 MW, como Garma Blanca. Posteriormente, esta misma semana, surgió Ribota (51MW) y en parrilla de salida estarán en breve Amaranta y Quebraduras. Todos ellos están conectados con la misma infraestructura complementaria del primer parque y, según vienen denunciando las plataformas y esta semana también el PP, los cuatro son un solo parque pero fraccionado, por lo que su impacto ambiental se debería valorar «de forma conjunta».

Dentro de las alegaciones que se han presentado en cascada estos días –tanto por ayuntamientos como por particulares y colectivos– se está reclamando que se señalen las llamadas zonas de exclusión eólicas prometidas en el PROT para salvaguardar esas reservas naturales y culturales de la Cantabria rural e histórica.

El actual Plenercan sólo contempla la instalación de unos 700 MW de potencia, pero en Cantabria están llegando varios proyectos que los duplican con creces. Sólo la empresa de Garma Blanca tiene planteados 17 en toda la zona. Esto es así, pero también lo es que todos no van a salir: la mitad no superará el listón ambiental del Ministerio. Por ello, desde los colectivos contrarios a su instalación se destaca que es importante contar con instrumentos e información suficiente para estar alerta de la publicación de todos ellos y poder presentar alegaciones sobre sus impactos. También reclaman regulación para que no se instalen «en cualquier sitio» ni a cualquier precio, «porque no vale todo», decía esta semana la presidenta del PP regional, María José Sáenz de Buruaga, para expresar su «no rotundo» a Garma Blanca. En esta última afirmación parecen estar de acuerdo todos los partidos del arco parlamentario que no tienen responsabilidad de gobierno y han liderado iniciativas contrarias a consentir Garma Blanca y a favor de impulsar una energía renovable, pero con planes «coherentes».

A comienzos de semana el consejero de Industria, Javier López Marcano, hablaba en el Parlamento sobre las energías renovables y volvía a repetir que el Gobierno «no es competente» en este parque de tramitación estatal. Pasados unos días, el PRC quiso dejar claro en un comunicado que sería «estricto y riguroso» en hacer cumplir la norma ambiental, tanto en los proyectos que se gestionan desde el Ministerio, como en los parques dependientes del Gobierno de Cantabria.

Al final de la semana, desde Ciudadanos, su portavoz, Félix Álvarez defendía la necesidad de una planificación a largo plazo que incluya una «zonificación adecuada». El PSOE de Pablo Zuloaga no se ha pronunciado hasta el momento, aunque sí se han posicionado a favor de Garma Blanca sus ediles de Miera y Riotuerto, no así el de Arredondo. Mañana lunes se debatirá todo esto en el Parlamento, mientras en los pueblos seguirán organizándose asambleas para seguir informando y alegando.