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Pilar Chato
Viernes, 18 de septiembre 2015, 07:20
El Ayuntamiento suspenderá durante tres meses la tramitación del proyecto urbanístico de El Pilón en el que 20 familias corren el riesgo de perder sus viviendas. La Administración local ha anunciado este jueves que la decisión la tomará la Junta de Gobierno Local el próximo lunes para encontrar una solución con los afectados
El proyecto está promovido por una empresa privada y pretende la construcción de 140 viviendas y 200 garajes en un área de General Dávila, frente al antiguo campo de fútbol del Regimiento. La iniciativa urbanizará allí 10.000 metros cuadrados (la suma de 27 fincas de decenas de propietarios).
El 60% de las propiedades pertenece a la promotora Costa Hábitat, lo que significa que el 60% de los afectados ha llegado a un acuerdo con dicha compañía, pero no el resto. El proyecto contempla la mejora y ensanche de varios viales, mientras que el Ayuntamiento se hará con 2.150 metros, que destinará a parque público. Otros 1.290 metros están asignados a equipamientos.
Lo que aprobará el lunes la Junta de Gobierno será la suspensión de la tramitación de las bases y estatutos de la junta de compensación. Lo hace, explica el Ayuntamiento, a propuesta de la empresa titular de la mayor parte de los terrenos, que tras las conversaciones mantenidas con el equipo de gobierno municipal, se ha comprometido a "profundizar en las vías de diálogo para tratar de lograr un consenso con el resto de propietarios".
Todos estos detalles los ha dado a conocer el concejal de Infraestructuras, Urbanismo y Vivienda, César Díaz, durante la reunión mantenida con los vecinos afectados y el resto de grupos municipales.
La propuesta del Ayuntamiento
Díaz les ha trasladado que el Ayuntamiento planteará al Gobierno de Cantabria una modificación de la Ley del Suelo autonómica, para regular los derechos de realojo y retorno de las personas afectadas por procesos urbanísticos como el de El Pilón. La propuesta se resume así:
1. Regulación del derecho de realojo y retorno basada en dos principios básicos que considera "ineludibles": la igualdad de trato en materia de realojo en los distintos tipos de operaciones urbanísticas; y la universalización de ese derecho, mediante la garantía del acceso efectivo a una vivienda digna en todos los casos.
2. En función de sus ingresos, los afectados podrían llegar a optar a una vivienda de reemplazo a un precio equivalente al justiprecio o indemnización a percibir, sin tener que realizar así un esfuerzo económico suplementario.
3. Propone que las viviendas de reemplazo reúnan condiciones adecuadas a las necesidades, no sólo del titular del derecho de realojo, sino también de todos los integrantes de la unidad familiar o de convivencia, teniendo en cuenta situaciones de discapacidad, problemas de movilidad o adaptación que pudieran padecer alguno de sus miembros.
4. Prevé también una garantía para que no se puedan ocupar las viviendas de los afectados que tengan reconocido el derecho de realojo mientras no se les haya entregado la vivienda de realojo provisional o definitiva.
5. Aboga por implantar medidas fiscales de apoyo al realojo, que alivien las cargas tributarias inherentes a la adquisición de las nuevas viviendas.
6. Establece un régimen transitorio para regular aquellos procedimientos que estén en marcha en el momento de entrada en vigor de la nueva regulación.
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