La oposición fuerza la tramitación de la reforma propuesta por el PP para dar solución al Pilón

Pese a que el Ejecutivo se ha mostrado contrario a la tramitación de esta propuesta, los grupos que lo sustentan se han abstenido en la votación que ha permitido que la propuesta siga viva, lo que desde el PP se ha valorado como "un ejercicio de improvisación" porque "se han visto perdedores".

Desde el PSOE, sin embargo, han asegurado que se abstienen "para demostrar que no tienen miedo al diálogo y que están dispuestos a consensuar y a que la labor parlamentaria sea transparente". Durante el debate de la toma en consideración, todos los grupos han reprochado al PP su "hipocresía" por presentar ahora esta reforma de la Ley del Suelo cuando pudo hacerlo en la anterior legislatura, en la que gobernó con mayoría absoluta.

"Hipocresía no, hemos tratado de solucionar un problema cuando ha llegado", ha dicho el portavoz de Urbanismo del PP y alcalde de Arnuero, José Manuel Igual, quien ha explicado que el objetivo de la regulación que propone su partido es que los vecinos afectados por un desarrollo urbanístico en suelos donde no se ha previsto el derecho de realojo, "no tengan que hacer un desembolso adicional" para obtener una casa de similares características y calidades en el mismo lugar.

Una vez aprobada la toma en consideración, la propuesta de reforma de la Ley del Suelo del PP pasa ahora a comisión para la presentación de enmiendas parciales y su posterior debate.

En su disconformidad con la tramitación de esta iniciativa, el Gobierno señalaba que no hay urgencia para regular el derecho de realojo y que tiene "muy avanzado" ya un borrador de una nueva Ley del Suelo que dé solución a la situación desde un planteamiento "general" y no para hacer frente a situaciones concretas, como la del Pilón, para la que el Ayuntamiento de Santander puede modificar su Plan General.

El PP ha defendido que "sí hay urgencia" puesto que hay unos vecinos "inquietos" a los que hay la "oportunidad" de tranquilizar a través de esta proposición de ley, y ha subrayado que "la comunidad autónoma tiene la obligación legal de implicarse" y de legislar ante la existencia de un "vacío legal" y una "necesidad".

"Urgencia social"

Por Podemos, José Ramón Blanco ha criticado la "falta de voluntad" del Ayuntamiento de Santander y del Gobierno para dar solución a "una situación de urgencia social" que en su opinión requiere una rápida intervención para "evitar un daño irreparable".

En este sentido, ha dicho que el equipo de Gobierno del PP en Santander, "con el apoyo de C's, se ha negado a modificar el PGOU" para introducir el derecho de realojo en el área específica del Pilón, "en beneficio de una operación claramente especulativa". "Es lícito hablar de regalo (al promotor), algún día imagino que sabremos a cambio de qué", ha afirmado Blanco.

Sobre el borrador de la Ley del Suelo, que el Gobierno dice tener avanzado, ha dicho que "de nada servirá si para cuando entre en vigor los vecinos hayan perdido sus casas". El portavoz de Podemos ha afirmado que rechazar la tramitación de la propuesta del PP sería "poco democrático" pero ha recalcado que le hubiera gustado que su postura en la tribuna hubiera sido la misma que con el desahucio de la fallecida Amparo Pérez.

Ciudadanos ha defendido que la proposición de ley beneficia a los cántabros y les ofrece una "oportunidad más" para afrontar situaciones como la de los vecinos del Pilón que ahora no tienen con la actual ley. Por ello, el diputado de C's Juan Ramón Carrancio ha reconocido haberse llevado una "sorpresa" con la disconformidad del Ejecutivo regional porque pensó que la iniciativa "iba a gustar a todos".

A juicio de Carrancio, continuar con la tramitación supone "ganar tiempo" para ofrecer una alternativa para este tipo de problema y más -ha dicho- pudiéndose dar el caso de que la Ley del Suelo que está preparando el Ejecutivo regional podría no salir adelante por la minoría del Ejecutivo.

Desde el PSOE y el PRC, Silvia Abascal y Rosa Díaz han censurado que el PP pretenda que el Gobierno legisle "a la carta" para "salvar la cara" al alcalde de Santander, Iñigo de la Serna, con una iniciativa que a su juicio debería haber salido a defender a la tribuna. "Hubiese merecido su estreno como diputado", ha dicho Díaz al regidor.

Para socialistas y regionalistas, la propuesta responde a una "puesta en escena" del PP para pasar la "patata caliente" al Gobierno y "lavar la cara a su hijo pródigo" -el alcalde-, que "después de cuatro años de guerra fría con su partido, ha conseguido que le saquen las castañas del fuego".

Proposición de ley del PP

En su proposición de ley, el PP plantea una regulación del derecho de realojo basada en "dos principios básicos, cuya atención entiende ineludible: la igualdad de trato en materia de realojo en los distintos tipos de operaciones urbanísticas; y la universalización de ese derecho, mediante la garantía del acceso efectivo a una vivienda digna en todos los casos".

A tal fin, la propuesta trata de extender la garantía del derecho a toda actuación de ejecución urbanística en la que se requiera el desalojo de los ocupantes legales de inmuebles que constituyan su residencia habitual, y se atribuye el mismo contenido material al deber de realojo, tanto si se actúa mediante expropiación forzosa, como a través de cualquier otro sistema de ejecución del planeamiento, previsto en nuestra legislación autonómica.

La reforma propuesta incorpora la posibilidad de que los titulares del derecho de realojo que ocupasen sus viviendas originarias en virtud de un título de propiedad u otro derecho real, puedan, en función de sus ingresos, llegar a optar a una vivienda de sustitución a un precio equivalente al justiprecio o indemnización a percibir, sin tener que realizar, así, un esfuerzo económico suplementario.

Asimismo, la regulación propuesta faculta a las partes afectadas por la actuación urbanística a llegar a posibles soluciones alternativas, por vía convencional, con el fin de dotar al sistema de la mayor flexibilidad posible.

Con el fin de evitar el desarraigo de las personas afectadas por la acción urbanística, se impone como criterio de realojo el de mayor proximidad a la ubicación originaria, siendo preferente, en todo caso, que la vivienda de sustitución se ubique en el mismo ámbito de la actuación.

Otra de las previsiones que el PP introduce en su propuesta es la exigencia de que las viviendas de sustitución reúnan condiciones adecuadas a las necesidades, no solo del titular del derecho de realojo, sino también de cuantos integran su unidad familiar o de convivencia, a fin de que cualquier situación de discapacidad, problema de movilidad o adaptación que pudieran padecer alguno de sus miembros, sean a su vez atendidas.

Se incorporan, además, las correspondientes garantías procedimentales, de forma que se determina el momento concreto en el que la vivienda de sustitución debe ser puesta a disposición de los afectados y se fija un régimen supletorio de realojo provisional, al objeto de reforzar la satisfacción del derecho en todos sus extremos.

De esta forma, no se podrían ocupar las viviendas de los afectados que tengan reconocido el derecho de realojo en tanto que no se haya procedido a la entrega de la vivienda de realojo provisional o definitivo, o no se haya producido la renuncia efectiva al derecho reconocido. La regulación cuya aprobación se propone se completa con medidas fiscales de apoyo al realojo.