Santander cree que las ayudas del Gobierno para suministros básicos «anulan las municipales»

Injerencia en la autonomía municipal, «no solo de Santander sino de todos los municipios», y desamparo de muchas personas, es lo que ha apreciado la Corporación santanderina que conllevarán las normas dictadas desde el Gobierno de Cantabria para regular las ayudas de emergencia que muchos cántabros requieren para poder seguir viviendo. En concreto, el fondo de 1,5 millones de euros que el Gobierno ha habilitado, dentro del Plan de Emergencia, para pagar el gas, la luz y el agua a las familias más necesitadas.

Esta trasversalidad entre las condiciones locales y regionales para poder acceder a dichas ayudas, podría derivar «en la imposibilidad de seguir otorgando algunos apoyos económicos, puntuales y urgentes, que actualmente concede el Ayuntamiento de Santander», alertó ayer María Tejerina, concejala de Servicios Sociales de la Corporación santanderina. El problema, según Tejerina, se produce en una doble tipificación «porque, por una parte, ingiere en la autonomía municipal y en la validez los informes que nuestros técnicos emiten sobre cada caso» pero también en la dación de ayudas «que se ven intervenidas por una normativa regional, y en algún caso, anuladas».

Doble injerencia

De momento no han dado más paso que hacer «una advertencia pública» sobre lo que puede suceder, pero intuyen que esta normativa puede ir más allá y cercenar algunas de las ayudas directas y urgentes que el Ayuntamiento de Santander concede a personas y familias en situación extrema. El año pasado supuso para el municipio santanderino un gasto de 180.000 euros «pero lo más preocupante es que no podamos atender problemas reales y urgentes que los ayuntamientos, que somos los más cercanos a los ciudadanos, podemos detectar y solventar basándonos en los informes de nuestro propios técnicos en asuntos sociales, y que en cierta manera quedarían intervenidos».

Tejerina ha ido a casos puntuales detallando que, «por ejemplo, podría darse el caso de la imposibilidad de otorgar ayudas directas que ahora hacemos para el pago de deudas hipotecarias, uno de los conceptos que el Ayuntamiento prevé incluir en su fondo en la próxima modificación de la Ordenanza que lo regula, así como los pagos de las cuotas de la comunidad de personas afectadas, que ya están incluidos en el fondo municipal» y que, según la edil, se verían «modificados e intervenidos» por la Administración regional. Y es que Tejerina ha denunciado que, con la normativa ideada por el Ejecutivo autónomo, «quedan expresamente excluidos en la regulación de las ayudas regionales y, aplicando los criterios que propone el Gobierno, ya que el Ayuntamiento no podría otorgarlas», como hasta ahora viene haciéndolo.

Problemas específicos

Es más, ha apuntado que una «interpretación estricta» del borrador del convenio pergeñado por el Gobierno autonómico «podría afectar también a las ayudas a mujeres víctimas de violencia de género que concede el consistorio santanderino».

Tejerina dice que «entiende» que se establezca una regulación común en todos los municipios para las ayudas del fondo regional, pero ha recalcado que eso «no puede suponer nunca una restricción para el resto de ayudas municipales, ni mucho menos, un perjuicio para los ciudadanos más vulnerables».

En este sentido, ha lamentado también que el fondo regional establezca un límite de 1.500 euros de ayuda al año por unidad de convivencia, una cuantía que, asegura, «a veces, es claramente insuficiente» para algunas familias. De hecho, Tejerina ha señalado que el Ayuntamiento, a través del Fondo Extraordinario para la Sostenibilidad Familiar, abona cuantías que superan esos 1.500 euros «y en alguna ocasión se ha llegado casi a duplicar esta cantidad».