La Fiscalía archiva la causa contra De la Serna por el acuerdo plenario sobre Tetuán

La fiscal superior de Cantabria, Pilar Jiménez, ha decidido archivar las diligencias de investigación abiertas para esclarecer si el alcalde de Santander, Íñigo de la Serna, había incumplido un acuerdo plenario aprobado por unanimidad el pasado mes de julio. En concreto, realizar una declaración institucional de apoyo a los afectados por el incendio que asoló un edificio en el barrio de Tetuán en 2008.

El decreto de la Fiscalía, al que ha tenido acceso este periódico, no encuentra motivos para acusar al regidor de un presunto delito de prevaricación por omisión, como solicitó la denunciante, una de las damnificadas por la catástrofe que llegó a enfrentar en los tribunales al Ayuntamiento con las 29 familias afectadas por el incendio. «No existe una negativa, pues en ningún momento se ha producido un manifiesto rechazo a su ejecución», destaca el escrito.

En la moción aprobada, continúa la fiscal, no se fijó un plazo de cumplimiento. Eso sí, reconoce que «con un criterio de racionalidad se pudiera entender que se ha producido una demora en su puesta en funcionamiento», pero en ningún caso puede equipararse a la negativa a actuar, elemento indispensable en las interpretaciones que el Tribunal Supremo utiliza en estos casos penales.

«Esperamos que esta resolución haga que un lamentable suceso ocurrido hace más de siete años deje de ser utilizado política y partidistamente por algunas personas y determinados partidos», señalaron desde el Ayuntamiento al conocer la decisión. «Confiamos en que, con el archivo de esta denuncia y la aprobación de la declaración institucional de apoyo a los afectados por el incendio para la que el equipo de gobierno ha planteado una propuesta que cumple holgadamente con lo aprobado por el pleno de la Corporación, se cierre un capítulo desgraciado para un barrio de Santander», añadieron.

La Fiscalía también desecha otras acusaciones que la vecina afectada incluye en su escrito de denuncia. La primera actuación que le imputaba es haber provocado, debido a una negligencia, que 29 familias perdieran su vivienda o local. Las causas del incendio y la responsabilidad del mismo se resolvieron en los tribunales, que descartaron la responsabilidad en la vía penal y estimaron la existencia de un incorrecto funcionamiento de un servicio público, «lo que no puede confundirse con la atribución de un reproche a título de ilícito penal, ni siquiera de forma negligente», subraya Jiménez. La sentencia fijó una indemnización de tres millones de euros, muy alejada de los once millones que exigieron los damnificados.

En segundo lugar, el escrito de denuncia reprochaba que el alcalde hiciera caso omiso de la sentencia y, en lugar de pedir perdón y tomar medidas para evitar un suceso similar, defendiera la actuación ejemplar de los bomberos. «La sentencia no obliga a pedir perdón ni a adoptar ningún tipo de medidas, sino a abonar una indemnización, por lo que, a pesar de que la denunciante estima que dichas actuaciones deben formar parte de la ejecución, no son exigibles», deja claro el decreto hecho público ayer.

La Fiscalía solicitó al Ayuntamiento un informe sobre los términos exactos de la moción para valorar si, como decía la afectada, el alcalde se había negado a elaborar un Plan de Emergencias. Una vez aportado, Jiménez determinó que dicho plan «se está elaborando y la declaración institucional se llevará a cabo al mismo tiempo».