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Violeta Santiago
Jueves, 10 de marzo 2016, 18:11
Las comparecencias de los vecinos de El Pilón en el Parlamento de Cantabria no serán públicas y sus testimonios sólo serán escuchados por los partidos políticos. PP y PSOE se aliaron en la Cámara para echar abajo la propuesta de Podemos, que había solicitado ... que se oyera públicamente a los afectados por el desarrollo urbanístico de El Pilón. Es decir, de las 17 personas que darán su grano de arena a la modificación de la Ley del Suelo en lo que afecta a los realojos, once (vecinos, también de Prado San Roque, un representante de la asociación ecologista Arca y dos profesionales de la plataforma DEBA) no serán oídos en directo. Sólo se escuchará a seis cargos políticos: a la vicepresidenta del Gobierno, al alcalde de Santander, a su primer teniente de alcalde, al exconsejero de Medio Ambiente, al consejero de Obras Públicas y al director de la Vivienda. Podemos calificó ayer de escándalo la decisión adoptada por PP y PSOE.
La formación de José Ramón Blanco había presentado una lista de personas a las que quería que se prestara oídos en la Cámara y el resto de partidos la aprobó. Aunque la alegría duró poco: en la Mesa de la comisión que tenía que tomar decisiones al respecto, Mercedes Toribio (PP) y Víctor Casal (PSOE) rechazaron que todas fueran públicas.
Casal declaró a este periódico que en este caso no se ha hecho nada diferente a otros, que se ha seguido el Reglamento y que no tiene «ningún carácter extraño» la decisión tomada, porque «hemos hecho lo de siempre». Su socio de Gobierno avaló esta versión. Pedro Hernando, portavoz regionalista, señaló que «todo el procedimiento de comparecencias está establecido en el Reglamento», apuntó, antes de recordar que «estamos ante una comisión de elaboración legislativa para la modificación técnico-jurídica de la Ley del Suelo, no ante una comisión de control, una comparecencia o una comisión de investigación».
Sin cobertura
Las once personas que participarán en la modificación de la Ley del Suelo en lo que tiene que ver con el derecho al realojo y a las que no se tendrá acceso son Jesús Antonio Molinero, arquitecto urbanista miembro de la plataforma DEBA, Juan Mantilla, abogado urbanista, (también miembro de DEBA) y Carlos García (miembro de ARCA), además de los vecinos afectados de El Pilón Belén Madrazo, Virginia Velarde, María José García y los de Prado San Roque Luis Ángel Campo, José Luis García , Miguel Ángel Hoyos y Ana Isabel Leal. A esta ronda también está convocado el nieto de Amparo Pérez, la mujer expropiada en la S-20 para la construcción de un nuevo vial, Marco Santa María.
Pero la tercera diputada en la Mesa decisoria, Verónica Ordóñez (de Podemos) criticó arropada por José Ramón Blanco y Alberto Bolado al resto de formaciones por su «vergonzosa falta de transparencia». La formación considera que el Reglamento no establece que las ponencias tengan que ser necesariamente a puerta cerrada ni que haya que esperar al final del periodo de enmiendas. Cree, por el contrario, que es una «cuestión de voluntad política», de «hacer las cosas distintas».
Ordóñez contó que su grupo se llevó «una agradable sorpresa» cuando todas las comparecencias fueron aceptadas y que, aunque el PSOE pidió que algunas de ellas tuvieran lugar en comisión y otras en ponencia, alegando que el rango es diferente, no le extrañó. A la vista de lo sucedido, Ordóñez sospecha que los dos grupos ya tenían la idea de que, poniéndolas esa etiqueta distinta, unas no iban a ser públicas ni se iban a retransmitir.
Los podemitas arremetieron con dureza contra el PSOE por considerar que con esta postura «torpedea la lucha de los vecinos de El Pilón y Prado San Roque» y está demostrando un «alarmante cambio de tendencia» acercándose al PP.
Desde el PSOE, la portavoz Silvia Abascal contestó con un «es una rabieta y una pataleta», en la línea de lo que «se ha convertido su práctica parlamentaria» porque, según los socialistas, cuando los diputados de Podemos «no pueden imponer sus criterios, se cogen unos berrinches tremendos».
La comisión se volverá a reunir el martes próximo para fijar las fechas de las comparecencias, momento para el cual Podemos espera que PP y PSOE hayan reconsiderado su postura actual.
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