Los vecinos de Cueto, Monte y San Román muestran su inquietud por el futuro de sus fincas

Encuentro en Monte

El día fue largo. Empezó en un salón del Ayuntamiento con la explicación a los representantes de las Asociaciones de Vecinos. «Hay que trasladarles la información lo más clara y real posible porque la gente está muy asustada y muy despistada», pidió Javier Martínez, de Monte. «Esos porcentajes de subida del 800 o del 600% no es que no sean verdad, pero son relativos al mirar las cantidades», precisó María José Pérez, de Cueto. Fue la concejala Ana González Pescador la que detalló las cifras en la reunión de la tarde (la de Monte). Menos de 1.000 metros cuadrados, entre cuatro y catorce euros. Hasta 2.000, entre catorce y treinta... Y así hasta un «a partir de setenta» a los propietarios de fincas de más de 5.000. Eso rebajó los humos en lo económico aunque no faltó algún comentario de «ahora, a pagar».

El concejal César Díaz explicó que el PGOU dotó de una «expectativa urbanística», de la posibilidad de dar un valor, a terrenos que no la tenían. Y recordó que el Plan General empezó a elaborarse en 2005 y se aprobó en 2012 «con menos de trescientas alegaciones, lo que supone una aceptación prácticamente unánime». Porque en los matices a lo que marca el Plan se centró el debate. En que en la zona norte protegida por el POL se termine haciendo un parque público que, llegado el caso, empuje a los propietarios a vender o a compensar sus terrenos en otra parte, pero les deje pocas opciones de mantenerlo.

Ese fue el argumento de algunos en las preguntas. Hubo algún momento de tensión a la hora de repasar casos particulares y también el convencimiento común de que tocará pasarse por el Catastro o por el Ayuntamiento para que a cada uno le expliquen lo suyo.

En Cueto el descontento era muy evidente, porque se empezará a pagar ya la subida del IBI, cuando la previsión es que el «movimiento real» no empiece, como pronto, hasta 2024. Es decir, que pasarán un mínimo de ocho años antes de que los propietarios de fincas tengan que tomar decisiones sobre las mismas. «No es por lo que se va a pagar», afirmó un vecino, «sino por la tomadura de pelo» que supone que se cobre un impuesto que no corresponde en la circunstancia actual. Este sentir fue más o menos general desde que arrancó la reunión, momento en que Santiago Sierra, presidente de la Asamblea para la Defensa de la Senda Costera (convocante) lamentó que el Ayuntamiento hubiera contraprogramado su cita, fijando su asamblea explicativa de Monte el mismo día y a la misma hora.

Descontento en Cueto

Sierra fue claro desde el minuto uno: les preocupa el modelo de desarrollo de la ciudad que, en los pueblos de Monte, Cueto y San Román, está íntimamente ligado al futuro Parque Litoral Norte, que supone acumular en determinadas zonas todos los derechos actuales de edificación de manera que una gran franja quede libre, como zona verde. Por este motivo, se tomaron dos acuerdos. El primero, ayudar a los afectados a redactar sus recursos por medio de unos documentos tipo que darán respuesta a cada uno de los cuatro casos distintos que están sobre la mesa. El segundo, estudiar qué partido político puede llevar al pleno del Ayuntamiento una reclamación para que se modifique el PGOU. La petición se basa en un argumento muy simple: puesto que ya no se están cumpliendo los plazos que el Plan General contemplaba de inicio, se reclamará un cambio.

A la cita acudieron un arquitecto urbanista ligado a la plataforma DEBA, Jesús Molinero, y la abogada Ana Huerta. Molinero dijo que lo que está ocurriendo «era una muerte anunciada desde 2003» cuando el Ayuntamiento decidió la revisión del PGOU que está en vigor y que establecióspan id="U30124101700594YNG" style="font-weight:bold;font-style:normal;"> una población objetivo para Santander de 280.000 habitantes, cuando la realidad es que la capital pierde vecinos cada año, y dio una explicación pormenorizada de lo que supondrá para estas localidades, a medio plazo, la aplicación de este Plan General.

Huerta, por su parte, hizo todas las aclaraciones legales que se le pidieron. Recomendó que cada afectado haga su recurso individual porque cada uno tendrá una situación concreta y unos plazos. Numerosos vecinos se quejaron de la falta de información por parte de los responsables municipales. Uno fue muy gráfico: «En el Ayuntamiento se creen que están en posesión de la verdad y que vamos a tragar con todo».