Cañadío llevará al Defensor del Pueblo la ampliación del horario de los bares

La Asociación de Vecinos del Río de la Pila, la Federación de Vecinos de Santander (Fecav) y la Asociación Pombo-Cañadío ultimarán en los próximos días las medidas conjuntas a tomar contra el Gobierno de Cantabria para impedir que la nueva ley de espectáculos que va a regular el horario de cierre de los bares nocturnos les conceda media hora más de apertura. A la espera de esta cita, la Asociación Pombo-Cañadío-Ensanche, en la que están también los vecinos de la calle de Peña Herbosa, calles en donde un alto porcentaje de locales son de hostelería, han decidido que acudirán al Defensor del Pueblo para exponer «las intenciones del Ejecutivo regional, presionado por los hosteleros de Cantabria». «Le daremos a conocer esta barbaridad, como si no fuera suficiente con el horario que tienen en locales y terrazas que maltratan a los vecinos de Santander», señalan.

La Asociación Pombo-Cañadío estudiará, también, otra vía de actuación contra la ley que tiene ya avanzada el Gobierno Regional: conocer qué normativas europeas regulan el sector y si el Ejecutivo regional está contraviniéndolas, proceder a la consiguiente denuncia.

Además, en los próximos días la directiva de la asociación, a cuyo frente está Ricardo Alea, pedirá una reunión con el consejero de la Presidencia, Rafael de la Sierra, «para informarle del profundo malestar de los vecinos con esta medida de ampliar en media hora el tiempo en que un bar de copas y una discoteca puede permanecer abiertos.La excusa de los hosteleros atendida por el Gobierno de que así disponen de media hora más solo para desalojar con orden a los clientes es, realmente, un despropósito», explica Alea.

«A peor» en tres años

Los vecinos de la zona centro de Santander, desde el Río de la Pila a Puertochico, «han visto empeorar en los tres últimos años mucho sus calles y la calidad de vida, con las licencias municipales concedidas para instalar todo tipo de terrazas en la aceras y apoyavasos en las fachadas».

Es el caso de dos bares que han abierto últimamente en la calle de Hernán Cortés, cuyas fachadas acristaladas se abren completamente para permitir que los clientes se apoderen de las aceras, impidiendo el paso de los peatones.

La invasión de terrazas en todas las calles ha sido denunciada por la AsociaciónPombo-Cañadío-Ensanche ante el Defensor del Pueblo y estudia su envío a la Fiscalía porque «el Ayuntamiento de Santander está incumpliendo la ley que protege a las personas con discapacidad que establece que en las aceras debe quedar un espacio de 1,50 metros libre para que estas personas puedan circular sin problemas. A nuestro parecer, las licencias concedidas por el Ayuntamiento serían una clara prevaricación, porque se está permitiendo a sabiendas de que es ilegal», dice Alea.

La asociación ha denunciado ante el Ayuntamiento a 45 terrazas, «aportando todo tipo de datos sobre la clara ilegalidad que están cometiendo, sin que el Ayuntamiento tome medidas».