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Jueves, 28 de abril 2016, 16:20
El pleno del Ayuntamiento de Santander ha aprobado por unanimidad y a iniciativa del PRC poner en marcha una serie de medidas de acompañamiento y seguimiento para las personas mayores de 65 años o con alguna discapacidad que viven solas en la ciudad. El objetivo ... es evitar casos como los de las tres personas que recientemente fueron encontradas muertas en sus domicilios días después de su fallecimiento.
Esta serie de medidas incluyen la creación de un banco de viviendas tuteladas o un censo voluntario de mayores de 65 años.
La iniciativa ha sido aprobada en una sesión -la primera de carácter ordinario en horario de mañana y tarde de la legislatura- en la que también han salido adelante dos modificaciones del presupuesto para este año para invertir más de 10 millones de euros en distintas obras con el remanente de 2015 y una moción del PSOE que ha tenido los votos a favor de todos, excepto la abstención del PRC, para que Santander tenga su propio Debate del Estado de la Ciudad, a imagen del que cada año celebra el Parlamento sobre al región.
El portavoz del grupo regionalista, José María Fuentes-Pila, ha explicado que la propuesta es "de oportunidad" y consecuencia de la reflexión tras lo ocurrido hace unas semanas, cuando en un mismo día se produjo el hallazgo de los cuerpos de un matrimonio en su domicilio y de un hombre que vivía solo, y ha señalado que no es la primera vez que esto sucede en el municipio.
El de hoy era también el primer pleno tras la
expulsión de Antonio Mantecón de Ganemos
y su paso a la condición de concejal no adscrito. Las críticas curzadas entre éste y el alcalde de Santander, Íñigo de la Serna, al que acusa de estar detrás de esa expulsión se han visto refejadas en el debate plenario y los rifirrafes dialécticos se han sucedido entre ellos. El mayor se ha producido al alzarse Mantecón como representante de Santander Sí Puede, ante lo que De la Serna le ha dicho que esa formación no tiene representación y que él forma parte de la Corporación como edil no adscrito "en condición de tránsfuga".
Esto se ha producido en el debate de una moción de C's para modificar el Reglamento de Agentes de Movilidad y que se ha aprobado con votos de PSOE, PRC, IU, Ganemos y Mantecón y la abstención de PP.
Según el PRC, se trata de abordar una realidad que afecta a un sector de la población que va en aumento y que pretende mejorar la calidad de vida de los mayores que pueden sentirse en una situación de abandono emocional.
También ha reconocido que las propuestas que ha llevado al pleno forman parte del programa del PP, que, de hecho, ha aportado algunos cambios a la iniciativa de los regionalistas. A esas modificaciones se ha sumado una sugerencia de Ganemos para impulsar la convivencia intergeneracional en viviendas.
El pleno ha aprobado, concretamente, realizar un censo voluntario de personas mayores de 65 años o menores con alguna discapacidad o enfermedad grave que vivan solas e implantar alguna medida de seguimiento para aquellos integrantes del censo que accedan voluntariamente a ello.
Otras de las medidas son la creación de un registro de vivienda para mayores que quieran compartir casa y gastos con otros en la misma situación y también de un banco de viviendas tuteladas para estas personas, con la posibilidad de que puedan compartirlas con jóvenes para impulsar la convivencia intergeneracional.
Además se quiere dotar de detectores de humo, inicialmente, a todas las viviendas con mayores de 80 años o menores de esa edad con discapacidad o enfermedad grave que vivan solos y lo soliciten, y crear un protocolo de detección y actuación con los servicios médicos de atención primaria, los juzgados y los servicios sociales para el tratamiento de aquellos casos en los que se presuma que se han producido malos tratos.
Modificación presupuestaria
La modificación del presupuesto para incorporar más de 10 millones que sobraron del anterior ejercicio se ha votado en dos puntos, ya que parte de esa cantidad se destina a un centro vecinal en Campogiro incluido en el presupuesto participativo, mientras que el resto es para las obras de las cocheras del servicio municipal de transportes (TUS), la reordenación de la Plaza de las Estaciones, la renovación de Los Acebedos y su entorno, el plan de asfaltado de barrios y la mejora del Centro Cultural Doctor Madrazo y del MAS, entre otras.
El primer punto ha sido apoyado por todos los concejales mientras que el grueso de la modificación ha salido adelante con los votos favorables del PP y Ciudadanos, en tanto que el resto de grupos se han abstenido, excepto el concejal no adscrito, Antonio Mantecón, que ha votado en contra.
La modificación del presupuesto ha suscitado un amplio debate en el que el equipo de gobierno ha defendido su política económica, basada, según la concejal Ana González Pescador, en el rigor en el gasto y el cumplimiento de los objetivos de equilibrio financiero mientras se incrementan las políticas sociales y se sigue invirtiendo para generar actividad y empleo.
Los grupos que se han abstenido han coincidido en criticar que el superávit de 2015 no obedece a una buena gestión sino a que se dejó una parte del presupuesto sin ejecutar, cerca del 75 % en lo que se refiere a inversiones según el socialista Pedro Casares y en que algunas de las obras ya se habían incluido en otras modificaciones, además de poner en cuestión las prioridades en el gasto del equipo de gobierno.
El cobro de los subcontratistas
También una propuesta de Antonio Mantecón, que no ha salido adelante, para que los subcontratistas cobren en los mismos plazos legales que los adjudicatarios de los contratos y se sancione a estos últimos cuando incumplan ha generado debate.
La concejal de Economía ha señalado que, con las reformas legales aprobadas por Gobierno de Rajoy, ya se incluyen los periodos de pago a los subcontratistas en los pliegos de los contratos y la posibilidad de sanciones, mientras que el alcalde, Íñigo de la Serna, ha apuntado que la relación entre los contratistas y las empresas que subcontratan es de carácter privado.
Pero para Mantecón esas medidas no están resolviendo el problema de las pequeñas empresas que, según ha dicho, tardan hasta 200 días en cobrar.
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