El Ayuntamiento ampliará el límite de renta para acceder a las ayudas sociales

El Ayuntamiento de Santander ampliará el límite de renta que permite optar a una ayuda social a los santanderinos. Hasta ahora, se quedaban fuera de su paraguas aquellos que tuvieran un ingreso equivalente al Indicador Público de Rentas con Efectos Múltiples (Iprem), que este año está fijado en 6.390 euros en 12 pagas. Pero se quiere llegar a más personas, por lo que el techo se situará en 1,5 veces el Iprem, lo que daría cobertura municipal a aquellos que perciban hasta 9.585 euros al año. Además, el Consistorio valora ayudar en el pago de la hipoteca, apoyar ante determinadas deudas con la comunidad de vecinos como una derrama e, incluso, pagar la sustitución de elementos básicos de una vivienda, «como una lavadora, si se justifica que no hay dinero para afrontar el gasto».

Estas medidas están contempladas en una nueva ordenanza que se está elaborando y que podría entrar en vigor para después del verano con la que se quiere regular las ayudas sociales de manera más ambiciosa que el propio Gobierno regional, según afirmó ayer el alcalde al presentar las «importantes» novedades.

Según aseguró Íñigo de la Serna, la ordenanza se está elaborando en colaboración con los trabajadores sociales desde hace unos seis meses, con el objetivo de dar un impulso a estas políticas: por un lado se agilizará la concesión de las prestaciones y, por otro, se incorporarán algunas nuevas. Todas serán compatibles con las de otras administraciones. Ahora, cerca de 14.000 personas reclaman algún tipo de apoyo a los Servicios Sociales municipales.

Con la norma que se prepara, habrá beneficios dirigidos a aquellas personas especialmente vulnerables (o en riesgo de exclusión) y otras llamadas de urgente necesidad, con las que se dará una respuesta inmediata a una carencia considerada básica. En estas últimas están los pagos relacionados con deudas de vivienda habitual (el pago de la hipoteca), un gasto concreto de comunidad o el de un electrodoméstico.

Según la forma en que se planteará su pago también habrá dos tipos. Unas serán puntuales (por el apuro concreto) y otras periódicas, que conllevarán pagos fraccionados y con posibilidad de prórroga hasta superar la situación de exclusión social. Éstas irán vinculadas a un plan de intervención por parte de los servicios sociales.

De la Serna calificó de «salto cualitativo» el cambio en la referencia del Iprem. La del Ayuntamiento pasará a ser más generosa que la del Gobierno cántabro, que utiliza el 1,25 veces el Indicador. De esta forma, el Ejecutivo pone la barrera en los 7.987 euros de ingresos, mientras que el Consistorio la eleva hasta los 9.585 euros al año.

2.500 euros de límite

La máxima autoridad local agregó que, mientras el Gobierno sitúa el importe máximo de la ayuda en 1.500 euros, el Consistorio no va a establecer un máximo en las ayudas de intervención, que son decididas por los trabajadores sociales que hacen seguimiento, aunque sí habrá un tope para las ayudas puntuales para gastos de vivienda, que se situará en 2.500 euros (40% del Iprem anual).