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Gonzalo Sellers
Jueves, 12 de mayo 2016, 13:46
Después de nueve años paseándose por los juzgados, el caso Mercasantander escribió la semana pasada su último capítulo. La empresa, participada por el Ayuntamiento de Santander (51%) y la firma nacional Mercasa (49%), pagó este mes al BBVA un total de 414.759 euros ... por el desfalco cometido en 2007 por la exgerente de la compañía Paloma González-Tarrío.
El procurador del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria ya ha presentado en la Audiencia Provincial de Santander un escrito, al que ha tenido acceso este periódico, en el que comunica el pago de la indemnización de la que Mercasantander fue declarada responsable subsidiaria. El alcalde de Santander, Iñigo de la Serna, ha señalado que la deuda de Mercasantander ha quedado ya "completamente saldada" y ha destacado que el pago de la misma ha corrido a cargo de la entidad, no de las cuentas del Consistorio, que es el socio mayoritario.
Se cumple así la sentencia del Tribunal Supremo de 2014 que confirmó que la autora de la estafa se apropió de 839.435 euros de la caja de la sociedad mixta para gastárselo en el juego en Internet y, además, declaró a Mercasantander responsable civil del crédito de medio millón de euros que gastó la condenada en su propio beneficio.
Con ese fallo, el Alto Tribunal estimó el recurso de la entidad bancaria, que durante el juicio celebrado en 2013 en la Audiencia de Cantabria, ejerció la acusación particular para achacar a la sociedad mixta una «culpa in vigilando» y así poder cobrar, consciente de que González-Tarrío era insolvente y no podría devolver el dinero gastado en casinos virtuales.
Por aquel entonces, el caso Mercasantander ya había trascendido a los juzgados y llegado al debate político municipal. El PSOE, especialmente crítico con la actuación del equipo de gobierno del PP en este caso, también denunció la «responsabilidad subsidiaria» del Ayuntamiento, ya que la exgerente «no fue suficientemente controlada en el desarrollo de sus atribuciones». Un extremo siempre negado por el PP.
El tribunal cántabro rechazó en 2013 los argumentos del banco, y no creyó ajustado a Derecho imputar a Mercasantander una falta de vigilancia sobre la exgerente, porque había auditorías externas anuales que no detectaron irregularidad alguna en la contabilidad de la empresa.
Pero el BBVA y su abogada Beatriz Bermejo pelearon hasta el Tribunal Supremo, que les dio la razón en mayo de 2014, en una sentencia en la que confirmó la pena de cuatro años y cuatro meses de cárcel impuesta a la exgerente y en la que se obligó a Mercasantander a desembolsar 346.626 euros, una cifra que dos años después los intereses han convertido en 414.759 euros.
Los hechos
Como queda recogido en la sentencia, Paloma González-Tarrío se apropió, en total, de más de 1,1 millones de euros para jugar en casinos on line entre 2002 y 2007, utilizando el dinero de Mercasantander «como si fuera suyo». La inculpada, que era jefa de administración de la empresa pública y asumió la gerencia entre 1995 y 2003 durante la excedencia de Juan José Fernández, trataba de disimular el desvío de fondos anotando operaciones ficticias.
En algunos casos registraba abonos de facturas por trabajos o servicios que nunca existieron y también pagos de dividendos al Ayuntamiento que tampoco se realizaron. La acusada, que reconoció en todo momento los hechos y los atribuyó a su ludopatía, llegó a falsificar documentos y supuestas autorizaciones del consejo de administración de esta empresa para pedir créditos bancarios con los que seguir haciendo frente a las pérdidas del juego.
La estafa se descubrió en agosto de 2007, cuando Paloma González-Tarrío excedió la cantidad autorizada en una línea de crédito suscrita con el BBVA. El banco contactó entonces con Mercasantander, y al coincidir que la acusada estaba de vacaciones, los hechos llegaron hasta el gerente, que no tenía constancia de la existencia de ese crédito. El 13 de agosto de ese año, Mercasantander despidió a la trabajadora y puso los hechos en conocimiento de la Fiscalía de Cantabria.
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