El Supremo contesta al Gobierno que no hay nada que aclarar sobre el fallo que anula el Plan de Santander

Tanto el director general de Urbanismo, Francisco González Buendía, como la propia vicepresidenta del Ejecutivo, Eva Díaz Tezanos, habían abogado por esperar hasta la aclaración del Supremo como uno de sus principales argumentos para rechazar la petición formulada por el Ayuntamiento de Santander de aprovechar la ley de acompañamiento a los Presupuestos para dar una solución a la anulación del Plan General. Ahora, habrá que esperar a ver cuál es la posición de los socialistas (y también de los regionalistas) tras conocer la respuesta del Tribunal. El PSOE, antes de conocer la resolución de la Sala, insistió ayer en su posición, es decir, esperar hasta la aprobación de la Ley del Suelo para solucionar la anulación de los planes generales, tanto el de Santander como el de Laredo.

La aclaración

Conocida la anulación del Plan General y la petición de auxilio por parte del Ayuntamiento de Santander, la Consejería de Medio Ambiente (que tiene asumido Urbanismo y de la que es titular Eva Díaz Tezanos) optó por solicitar al Tribunal Supremo una aclaración de su sentencia para determinar el alcance real. Lo que pretendía el Ejecutivo regional es que la Sala le explicara, por un lado, si el efecto de la resolución judicial debía aplicarse a todo el suelo de Santander o sólo al suelo no consolidado o en desarrollo y, por otro, en caso de tener que rehacerse el Plan Urbanístico, desde qué momento exacto tendría que hacerse.

La respuesta del Supremo, a la que ha tenido acceso este periódico, es contundente. Primero, le recuerda al Ejecutivo que los tribunales tienen prohibido «variar las resoluciones que pronuncien después de firmadas», aunque sí existe la posibilidad de «rectificar en cualquier momento (...) los errores materiales manifiestos y aritméticos en que incurran las resoluciones». Y a continuación subraya que, vistos los antecedentes y examinada la sentencia, «procede acordar no haber lugar a aclarar ni rectificarla, por cuanto la Sala ha procedido a la anulación del acuerdo aprobatorio del Plan General de Ordenación Urbana de Santander, y del mismo Plan General de Santander». Y concluye de forma textual: «Nada, por tanto, procede aclarar por la Sala». De esta forma, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo acuerda «no acceder a la aclaración de la sentencia», que anuló en su totalidad el Plan General de Santander que entró en vigor en el año 2012.

Divergencias en el Gobierno

La petición de auxilio de Santander ha abierto divergencias entre los dos socios del bipartito. El PRC, a través del presidente Miguel Ángel Revilla, se ha mostrado dispuesto a ayudar a Santander siempre que su propuesta de hacerlo a través de la ley de acompañamiento sea legal. El PSOE, por contra, rechaza esta posibilidad y aboga por dar solución por medio de la futura Ley del Suelo, ahora en tramitación. Ayer mismo, Eva Díaz Tezanos calificó de ««normal y natural» la discrepancia que mantiene con el PRC e insistió en «huir de atajos e improvisaciones». «No se puede legislar a la carta», insistió, para reconocer que la petición de Santander se resolverá en el Consejo de Gobierno, donde puede ser decisivo el voto de calidad del presidente.

Mientras tanto, el PP, a través de su presidente Ignacio Diego, dijo ayer que será una «magnífica oportunidad» para mostrar «quién de todos los gobiernos que hay en el Gobierno de Cantabria es el que manda», si el del PSOE o el del PRC.