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Pilar González Ruiz
Miércoles, 28 de diciembre 2016, 19:32
El cambio climático y sus consecuencias son responsabilidad de todos. Al menos, eso ha debido pensar el Defensor del Pueblo que ha decidido actuar de oficio ante catorce municipios españoles para conocer cuáles son las medidas que aplican para frenar la contaminación atmosférica urbana.
Santander es una de esas catorce urbes a las que el Alto Comisionado de las Cortes Generales ha pedido ampliar información. Según señalan a este periódico desde la citada institución, no se trata de realizar acusaciones, sino de elaborar una visión general.
Se han elegido esas catorce para dibujar una imagen representativa sobre cómo actúan distintas ciudades españolas frente a este problema creciente. Como punto de partida se han tomado los informes de la Organización Mundial de la Salud de 2014 y 2016, así como los datos publicados por la Agencia Europea del Medio Ambiente sobre contaminación atmosférica.
Ahora, Santander y el resto de municipios deberán reenviar sus respuestas, que serán evaluadas por el Defensor del Pueblo, que puede realizar sugerencias a los planes de acción diseñados por cada ayuntamiento. Sugerir, que no obligar, puesto que el resultado de la consulta no tiene carácter vinculante.
"Somos un alto comisionado de las Cortes Generales y nuestra labor es controlar la labor de las administraciones; nuestro poder es de persuasión", concluyen.
Los retos de Santander
Inmersa en su proceso de conversión en ciudad inteligente, con sensores que se expanden por todos los rincones, el medio ambiente se incluye en su concepto de modernidad, que choca con la presencia de grandes fábricas, una red acuífera que demanda atención o espacios verdes que necesitan ser recuperados.
Así, para lograr su meta la capital cántabra desarrolla, por ejemplo -con cargo a los fondos Feder- , una propuesta europea para reducir las emisiones y crear herramientas e indicadores que faciliten su control.
También propuso recientemente imitar al ayuntamiento de Málaga, que colocó unos pequeños sensores en los vehículos de reparto de los carteros, para, de esa forma, medir los datos ambientales. La idea no fue del agrado de los operarios, en desacuerdo con su nuevo papel informantes sobre coches mal aparcados, papeleras estropeadas, farolas rotas o basura fuera de los contenedores. Por el momento, la iniciativa no ha llegado más allá del convenio marco firmado entre el consistorio y Correos.
A comienzos de año también se puso sobre la mesa la creación de un centro de logística que redujera el tráfico de mercancías en dos zonas del centro de la ciudad. La primera entre Jesús de Monasterio, San Luis y la Calle Burgos, mientras que la segunda abarcaría las zonas de Isabel II, Lealtad, Calle Cádiz y Calderón de la Barca.
El proyecto de la Universidad de Cantabria y el Colegio de Empresistas planteaba ventajas medioambientales, como la reducción de los residuos comerciales en las calles del centro y la huella de carbono (el conjunto de gases de efecto invernadero emitidos).
En la ciudad soñada que comenzó a tomar forma bajo el báculo de De la Serna los coches pasan a un segundo plano y las calles son para los viandantes. No hay aparcamientos sino bajo tierra y el transporte público es gratuito. Al menos esa es la visión global que se dibujó en la reciente Bienal de Diseño de Londres y a la que Santander mira, de momento, desde la distancia.
Las preguntas del Defensor
Los planes de acción a corto plazo centran el interés del Defensor del Pueblo. Se trata de saber cómo van a combatir las ciudades la contaminación atmosférica, uno de los grandes problemas ambientales a nivel mundial, europeo y local.
Sus efectos sobre la salud humana se recopilan en una ingente cantidad de estudios y son varias las localidades españolas que en este 2016 superan los niveles aconsejados por la OMS
La nota explica que el Real Decreto 102/2011, relativo a la mejora de la calidad del aire, atribuye a las entidades locales la competencia de elaborar planes y acciones a corto plazo cuando exista riesgo de superar el nivel de contaminantes y obliga a publicar datos sobre la contaminación del aire.
Medición continua
En la actualidad los balances de contaminación atmosférica de Cantabria se controlan cada quince minutos y se recopilan en Centro de Investigación del Medio Ambiente (CIMA). Llos datos de cada una de las estaciones repartidas por la provincia (Barreda, Guarnizo, Camargo, Santander Centro, Tetuán, Reinosa, Los Tojos, Los Corrales de Buelna, Castro Urdiales, Universidad de Minas y El Zapatón, Torrelavega) se recogen y hay protocolos preparados por si fuera necesario.
Si alguno de los componentes que se analizan supusieran un peligro, saltarían todas las alarmas y se tomarían medidas. «En ese caso se activaría una alerta y se avisaría a Protección Civil, los servicios sanitarios y el Seprona para que actúen como corresponda», afirma el máximo responsable del CIMA, Jesús García.
La última vez que ocurrió una situación de ese tipo fue en agosto de 2013, cuando durante unas horas hubo un aumento de los niveles de ozono en la zona de Campoo como consecuencia del calor. Se avisó a la población especialmente vulnerable -mayores y personas con problemas respiratorios- y no hubo mayores problemas.
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