De la Serna garantiza que la anulación del Plan no detendrá los proyectos de Fomento

Todos esperan que se mueva pieza. El Ayuntamiento, el Gobierno o el ministro. Pero que muevan pieza. Y De la Serna fue el primero en hablar ayer. Dijo a este periódico que "la anulación del Plan del 2012 y la vuelta al del 97 no supone ningún inconveniente sobre la hoja de ruta prevista" en cuanto a la reordenación ferroviaria y adelantó que están "explorando la posibilidad de incorporar una mayor cantidad de suelos a la ciudad" en lo relativo al Frente Marítimo. O sea, que la "anulación no va a afectar a las actuaciones sobre las que venimos trabajando desde el Ministerio conjuntamente con el Ayuntamiento".

Fue el primero en caer y, según el responsable municipal de Urbanismo en Santander, César Díaz, el de las viviendas en la calle Alta sería uno de los primeros en descongelarse si el Gobierno regional acepta su propuesta de normas transitorias. Karen espera y el ministro advierte. "Nadie entendería dijo De la Serna que, existiendo como existen soluciones al alcance de la mano rápidas, eficaces y seguras, desde el punto de vista jurídico, los responsables políticos las desaprovechasen y no remasen todos juntos en la misma dirección pensando en lo mejor para los ciudadanos y para el tejido productivo y económico de la ciudad, dejando a un lado intereses partidistas". Un capote desde el Ministerio para los gestores en el Ayuntamiento, que "desde el primer momento han tratado de buscar soluciones para minimizar el efecto de la anulación".

Justo al lado de las viviendas de la calle Alta estaba previsto instalar una nueva sede del Tribunal Superior de Justicia. Tabacalera, antiguo convento de Las Clarisas. El problema es que el Plan del 97 el vigente ahora no permite ampliar el espacio si hace falta. "A corto plazo, nuestros planes no se ven alterados", asegura el consejero de Presidencia y Justicia, Rafael de la Sierra. Ellos están "en la primera fase", para la que a día de hoy tienen financiación. "Consolidación y toma de medidas para evitar el derrumbe" de un edificio catalogado como Bien de Interés Cultural y "labores de refuerzo y mantenimiento". Lo siguiente será el análisis en torno al proyecto de restauración necesario para poder instalarse allí. En principio, "tampoco se ve afectado", pero sí "mediatizado" si el antiguo convento "por sí solo no ofrece la suficiente cabida para las instalaciones, porque sería necesario plantear una ampliación a unas naves que ya están, pero en unas condiciones que no son las adecuadas". O sea, "efectos posteriores", pero no "a corto plazo".

Sí los tiene en cuanto a la cafetería de Valdecilla Sur. Parada por ahora. "Si pasan 600.000 personas al año por esa zona y la del Norte está muy distante y no da abasto, hay una necesidad imperiosa de una cafetería ahí", explica Julio Pascual, gerente de Valdecilla. El asunto le preocupa. Más que lo que toca al Instituto Anatómico Forense, una idea que se planteó "en una época de bonanza y que ahora es inviable" y a la que se había dado una solución reordenando espacios disponibles. "Pero lo que me preocupa muchísimo como gerente es que el hospital se quede sin posibilidad de expandirse. Porque, si no podemos hacer nada en el recinto, tendremos un problema muy serio". Por eso, Pascual espera "soluciones a corto plazo" por parte del Ayuntamiento, con quien ya ha mantenido contactos. "Me consta que están en ello con todo el interés", afirma.

"Estamos asesorándonos porque estamos un poco perdidos en estos temas y, obviamente, muy preocupados". Es lo que dice Roberto Prieto, de Soluciones Integrales de Cantabria Siglo XXI. Desde la promotora prefieren no entrar en más detalles de cómo queda el proyecto de construir el nuevo Colegio La Enseñanza en San Román y levantar viviendas, aparcamientos y zonas verdes en su ubicación actual, en el centro de Santander. Ellos callan y los vecinos de Castilla-Hermida no ocultan el disgusto. "Sí que nos afecta porque se necesitan más espacios verdes libres y zonas verdes y ya se contaba con ello", apunta el presidente de la Asociación Miralpuerto en torno a la "paralizada" reordenación ferroviaria. En nombre de los 16.000 vecinos incluidos en este colectivo, Roberto Hernández habla del "chapuzón de agua fría" que supone "esta vuelta a empezar". "Lo dábamos por hecho". Confía, no obstante, en que "el punto de apoyo que tenemos en Madrid (por Íñigo de la Serna) barrerá para casa". Y justo de eso habló ayer el ministro. "En términos prácticos, la anulación no va a suponer afecciones a la línea de trabajo que venimos manteniendo conjuntamente con el Ayuntamiento". Recordó el compromiso de "abordar la liberación de espacios ferroviarios por fases sucesivas" y que eso "ya hacía necesaria una modificación puntual del Plan de 2012 para poder llevarla a cabo en estos términos". Es decir, que, según afirmó, "no hay inconveniente".

Y también entró al detalle en el Frente Marítimo. Reconoció que la anulación "impedirá continuar con el concurso de ideas para redactar el Plan Especial", pero recordó que no tiene consecuencias sobre la urbanización de Varadero, el derribo de los tinglados de Antonio López, la mejora del entorno de la Estación Marítima o el Centro Botín. "Para la actuación global, estamos explorando la posibilidad de incorporar una mayor cantidad de suelos a la ciudad que los previstos inicialmente. Tenemos la intención de anunciar este nuevo escenario en las próximas semanas para, posteriormente, modificar el convenio interadministrativo en los términos oportunos e incorporar las nuevas determinaciones urbanísticas. De esta manera, podríamos volver a poner en marcha el concurso de ideas con los parámetros que resulten de la modificación", dijo.

La residencia de Cazoña

Pero quedan cosas. "Preocupado no diría, pero, evidentemente, son situaciones con las que nadie contaba", afirma el presidente de la Fundación Caja Cantabria, Gaspar Laredo. Su asunto, el de la residencia de mayores de Cazoña, es algo enrevesado. El inmueble pierde el uso residencial con el que se había recalificado (con el que se pensaba vender) y vuelve a convertirse en equipamiento socio-sanitario. El problema es que el Ayuntamiento ya había cobrado los siete millones de plusvalías que le correspondían por la recalificación. "Los servicios jurídicos de las dos instituciones lo están analizando para ver las consecuencias y cuál puede ser la solución". Habla de "buen feeling" en los primeros contactos y asegura que, "por supuesto, lo último" en lo que piensan pasa por la "vía judicial". "Nadie contaba con esto y hay que estudiarlo muy detenidamente. Hablamos de cuantías importantes y una institución como la nuestra no está en una situación boyante". Porque su intención es recuperar el dinero, ¿no? "Pues hombre, pensamos que sí".