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Gonzalo Sellers
Jueves, 26 de enero 2017, 17:09
El Ayuntamiento sigue quemando sus últimos cartuchos para intentar forzar un cambio de postura en el Gobierno y que la receta contra la nulidad del Plan General se incluya, de forma urgente, en la Ley de Medidas que acompaña al Presupuesto. El concejal de Urbanismo, ... César Díaz, ha enviado un informe a Peña Herbosa en el que los juristas municipales avalan añadir unas normas transitorias en la actual Ley del Suelo. Una medida que "no conlleva inseguridad jurídica", según los funcionarios, frente a lo esgrimido por PSOE y Ciudadanos para no apoyar esta solución.
El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, conoce este informe y ya lo ha remitido a los grupos parlamentarios y a los técnicos de los distintos departamentos del Gobierno para que lo analicen. De momento sólo se sabe la valoración de la Dirección General de Urbanismo, dependiente del PSOE, que sigue sin ser favorable a respaldar una enmienda parcial que modifique la actual normativa regional. "Con independencia del criterio jurídico, siempre discutible, existe otro elemental de oportunidad. Si está en trámite la futura Ley del Suelo de Cantabria no parece en absoluto aconsejable utilizar el atajo propuesto", señaló a este periódico el titular de esta cartera, Francisco González Buendía.
El estudio elaborado por los juristas del Ayuntamiento se remite a tres sentencias del Tribunal Constitucional y una del Supremo que acreditan la Ley de Medidas como un instrumento válido para incluir soluciones de este tipo. "Esta normativa no es la de Presupuestos, por tanto no es factible aplicarle ninguno de los límites o prohibiciones de por sí excepcionales que la Constitución ha previsto para el instrumento presupuestario", señala un fallo del TC del año 2011. Por tanto, remarcan los funcionarios del Consistorio, no hay ningún problema de inseguridad jurídica.
"Otras opiniones"
El informe pone como ejemplo Galicia, donde actualmente se está tramitando una "modificación similar" por el Parlamento. De hecho, la reforma gallega, igual a la que propone el Ayuntamiento de la capital cántabra, "ni siquiera está prevista incluirla en la Ley del Suelo que aprobaron el año pasado, operará a modo de texto independiente".
Frente a esta posición, el ala socialista del Gobierno defiende que también "existen otras opiniones que piensan justamente lo contrario y que a nivel estatal ya no se utilizan las Leyes de Acompañamiento desde 2004".
El informe también destaca los numerosos antecedentes de modificaciones de la normativa urbanística que existen en la comunidad autónoma. De hecho, la actual Ley del Suelo se ha modificado siete veces en los últimos años a través de la Ley de Medidas del Presupuesto. Y ninguno de esos cambios, continúa el documento, "ha sido anulado por haberse insertado en una Ley de Acompañamiento, si lo ha hecho es por otros motivos de fondo, ajenos absolutamente al instrumento jurídico empleado para su aprobación". González Buendía cree, por el contrario, que ese cúmulo de modificaciones sufridas suponen un motivo más para no apoyar otra. "Creemos que ha llegado el momento de elaborar el texto definitivo y de no legislar a golpe de problemas", señaló.
Los juristas municipales destacan que, mientras el Gobierno pone reparos a esta solución urbanística para Santander, sí que prevé incluir una modificación de la Ley de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria. Desde el PSOE reconocen esto, pero matizan que se trata de un cambio "absolutamente puntual y de contenido estrictamente económico, como es el porcentaje de cesión en los Planes Singulares de Interés Regional (PSIR)".
El PP ya ha anunciado que presentará la enmienda parcial para minimizar los efectos de la anulación del Plan General, pero se da por hecho que la mayoría parlamentaria formada por PSOE, PRC y Ciudadanos la rechazará. Los regionalistas animan a los populares a intentar solucionarlo con una Proposición de Ley que verían con buenos ojos.
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