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Isabel Arozamena
Jueves, 9 de febrero 2017, 13:07
El puerto de Santander tiene preparado un plan de contingencias para hacer frente a los paros convocados por los estibadores para los días 20, 22 y 24 de febrero que se llevarán a cabo en horas alternas con lo que no habrá actividad la ... primera, tercera y quinta hora de cada turno. Así lo acaba de confirmar el presidente de la Autoridad Portuaria de Santander, Jaime González, en la presentación de los resultados de 2016. Estamos a la expectativa, ha dicho, y, de momento, no se ha registrado merma de actividad.
González confía en que las partes implicadas en el conflictivo de ámbito nacional lleguen a acuerdos para poner fin al problema que enfrenta al Reino de España con la Unión Europea (UE) que, mediante una sentencia, ha requerido la modificación en el sistema de estiba que opera en el país para liberalizarlo. González ha indicado que el puerto se verá afectado ya que las cargas y descargas de los barcos se ralentizarán. Lo que en una situación normal se tarda seis horas, con los paros se prolongará el doble, ha matizado la directora del puerto santanderino, Cristina López. Por ello, se ha elaborado un plan de contingencia que incluye la reordenación y aprovechamiento máximo de los espacios libres teniendo en cuenta que se acumularán los vehículos en espera de ser embarcados.
La actividad del ferry se verá prácticamente inalterable ya que los paros no afectan a los pasajeros ni a los vehículos con acompañante. Tampoco será necesario aplicar servicios mínimos en mercancías peligrosas o perecederas, al considerar que quedarán cubiertos con el trabajo en horas alternas. En el puerto de Santander están empleados 48 estibadores en puestos fijos y, según el presidente de la Autoridad Portuaria, la actividad siempre ha sido socialmente tranquila algo que espera que continúe.
Jaime González ha insistido en que la regulación del sistema actual de estiba que funciona en España viene obligado por una sentencia de la Unión Europea de diciembre de 2014 cuyo incumplimiento supone una multa acumulada de 21 millones de euros, según los cálculos del Ministerio de Fomento.
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