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Gonzalo Sellers
Viernes, 17 de febrero 2017, 06:56
El Ayuntamiento de Santander tendrá que buscar un plan alternativo para paliar los efectos de la anulación de su Plan General. Ningún grupo parlamentario apoyó ayer la solución propuesta por el PP durante la comisión previa al debate parlamentario de la semana que viene. ... Los populares se quedarán solos en su intento de modificar la Ley del Suelo para incluir unas normas transitorias mientras se elabora un nuevo documento urbanístico. La enmienda propuesta, como ya se preveía durante las últimas semanas, fue rechazada por PRC, PSOE, Podemos y Ciudadanos, adelantando el voto definitivo que emitirán el próximo jueves en el hemiciclo. Ni PRC ni Ciudadanos entraron al detalle de sus razones para rechazar la propuesta del PP. Sí lo hizo el PSOE, que ha sido especialmente beligerante con esta solución desde el primer minuto. Su apuesta, en lugar de cambiar la actual normativa, es que el Ayuntamiento espere a la nueva ley urbanística que está elaborando el Gobierno. "A pesar de la ofensiva por tierra, mar y aire, nuestra postura sigue siendo la misma. Hay que dar seguridad jurídica y acabar con las modificaciones puntuales que han generado millones de pérdidas al erario publico en los últimos años", señaló el portavoz y senador autonómico Guillermo del Corral.
segundo aniversario de la muerte de amparo
El diputado José Ramón Blanco recordó ayer que se acaban de cumplir dos años de la muerte de Amparo Pérez "por culpa del urbanismo terrorista y salvaje del Ayuntamiento de Santander". Fue entonces cuando la diputada del PRC Rosa Díaz le echó en cara el uso partidista que Podemos estaba haciendo de la vecina y su familia, además de recriminarle la "falta de respeto" por llamar "asesino" al exalcalde de Santander Íñigo de la Serna. Blanco alzó la voz en ese momento para repetir en dos ocasiones "¡Y lo suscribo!". "Lamento que lo haga porque son descalificativos infundados", respondió la regionalista. En el PP se limitaron a pedir "respeto".
Para el PP esta alternativa no es válida. Como destacó ayer la exconsejera de Economía Cristina Mazas, es necesario ese cambio normativo urgente para "desbloquear proyectos y el regreso a unas normas urbanísticas desfasadas las de 1997, sin posibilidad de expansión de la ciudad". La diputada popular explicó que existen diez comunidades autónomas que ya han introducido cambios en sus leyes para que funcionen unas normas transitorias mientras se redactan nuevos planes generales. Y puso como ejemplo a Galicia, que recientemente lo ha hecho a través de la Ley de Medidas, como reclama el PP en Cantabria.
En Podemos respondieron con un "rotundísimo no" a la propuesta del PP. "Santander debe hacer su propio Plan de Urbanismo contando con los vecinos y no a la carta de los constructores. Si reformamos la Ley del Suelo seguimos generando el problema social que hay ahora", denunció el diputado José Ramón Blanco.
Dos opciones
Al Ayuntamiento de Santander sólo le quedan ahora dos posibles soluciones. La primera, presentar una Proposición de Ley en el Parlamento, desvinculada por completo del proceso de aprobación del Presupuesto, para que esas normas transitorias entren en vigor cuanto antes. Esta opción no sería mal vista por el PRC y por Ciudadanos. La segunda opción es esperar, como dice el PSOE, hasta que llegue a la Cámara el texto de la nueva Ley del Suelo que ya se está tramitando.
Durante la comisión celebrada ayer también se aprobó la enmienda de Ciudadanos para que todos los grupos parlamentarios estén representados en los consejos de administración de las empresas públicas y fundaciones, a la vez que se rechazó la propuesta por el PP que iba en la misma línea.
Los impuestos y las tasas también protagonizaron buena parte del debate. Tanto PP como Podemos se posicionaron en contra de la subida de un 1% de las tasas públicas, que en la práctica supondrá un aumento del 18% de los ingresos respecto a este año. "Dicen que no suben impuestos, pero sí lo hacen. Aumentan la presión fiscal sin tener en cuenta la capacidad económica de la gente, y eso genera pobreza", señaló Blanco.
Mazas, por su lado, sacó a relucir el informe de la AIReF que anuncia un muy posible incumplimiento del objetivo de déficit este año y, por tanto, la obligación de hacer recortes de hasta 90 millones en un Presupuesto que todavía no está aprobado. "Esto es un documento inútil y desastroso. El año pasado ya se subieron los impuestos y la propia Autoridad Fiscal calcula que el incremento de tributos será del 11% en 2017", informó.
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