Santander muestra su rechazo a los pisos ilegales de alquiler vacacional

El alquiler vacacional en Santander "no es un problema" por su escaso volumen, pero ya ha provocado quejas de alguna comunidad de propietarios que presume que en su edificio se está llevando a cabo esta práctica. Según explicó ayer la alcaldesa de Santander, Gema Igual, el Ayuntamiento ha pedido al Gobierno de Cantabria que revise los pisos que se publicitan en las plataformas de alquiler vacacional para ver si están dados de alta como alojamiento turístico. Además, se mostró partidaria de reglar este ámbito "para que no se convierta en un problema de seguridad" y no suponga una "competencia desleal".

La regidora santanderina dio a conocer ayer estos extremos al término de la reunión de la Comisión de Turismo de la Federación de Española de Municipios (FEMP), que se desarrolló en La Magdalena. En ella, el alcalde de Palma de Mallorca y presidente de la Comisión, José Francisco Hila, instó al Gobierno central a regular el alquiler vacacional y a actuar contra las multinacionales y grandes plataformas que ofertan "producto ilegal".

Hila explicó que la mayoría de la oferta en estas plataformas es "ilegal" y se refirió en concreto a Airbnb. Destacó que una ciudad "muy potente" como Barcelona, y en general todas las grandes ciudades europeas, están intentando luchar contra este fenómeno, de momento sin éxito.

"El Estado se tiene que implicar, porque en muchos casos es una actividad ilegal, que defrauda impuestos; tiene que entrar a regularlo fiscalmente y en cuestiones de seguridad e identificación, para asegurar una calidad, una imagen turística y la convivencia con los vecinos", dijo. Hila aseguró que en Palma de Mallorca el 90% del alquiler vacacional es "ilegal".

La Comisión de Turismo de la FEMP ha creado un grupo de trabajo formado por técnicos de 20 ayuntamientos para estudiar las opciones de regulación. "Es un fenómeno tan nuevo en todas las ciudades europeas, que de momento no se ha encontrado la regulación perfecta", señaló Hila. Y destacó que el alquiler vacacional es competencia de los ayuntamientos cuando es turístico, y ha instado al Gobierno a modificar la legislación para clarificar cuándo es turístico y cuándo no para "eliminar zonas de sombra".

El presidente de la Comisión de Turismo de la FEMP destacó para acabar que "la proliferación del alquiler vacacional puede alterar el diseño de una ciudad, y los ayuntamientos tienen herramientas muy limitadas para controlar este nuevo tipo de turismo, entre otras cosas porque la inspección es una competencia autonómica".