Un abogado externo defenderá al Ayuntamiento de Santander en el conflicto de las basuras

¿Por qué han forzado esta contratación externa? Porque no confían en los servicios jurídicos municipales, ya que han emitido varios informes desfavorables sobre la modificación del reglamento. Así lo reconocieron en el Pleno de julio, donde aprobaron una moción defendida por Vox en la que exigían que un letrado externo defendiera al Ayuntamiento en este proceso. Aunque tras esta petición se emitieron dos informes desfavorables más -del servicio jurídico municipal y de Contratación- y ha habido que esperar varios meses, el mandato del Pleno finalmente se ha cumplido y será Calvo quien defienda la modificación del reglamento del Pleno frente a la demanda de los populares, que denunciaron a finales de 2021 que dicha modificación se había realizado de forma ilegal al eludir la doble aprobación que requieren este tipo de cambios -aprobación inicial y aprobación definitiva-.

Como esta contratación se hacía de rogar, la oposición reprobó a la alcaldesa, Gema Igual, y también a la Junta de Gobierno Local (PP-Cs) en el siguiente Pleno, el de agosto, ya que era dicho organismo el que tenía que impulsar la contratación del letrado. Y, aunque la exigencia plenaria se ha retrasado tres meses más, en la Junta de Gobierno Local de esta semana se ha anunciado al fin que será Calvo quien defenderá al Ayuntamiento. En concreto, al dar a conocer los acuerdos semanales, el portavoz del equipo de gobierno, Javier Ceruti (Cs), dio cuenta de los contratos menores adjudicados en noviembre y, entre ellos, está la contratación del abogado para la defensa jurídica en el procedimiento que se tramita ante el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria. Así, sustituirá a la asesoría jurídica municipal en la defensa del acuerdo plenario para la creación de las comisiones de investigación, con un presupuesto total de 4.114 euros.

Cuando la oposición y Cs sacaron adelante la moción para contratar un letrado externo, los técnicos municipales emitieron dos informes donde aseguraban que no era posible. En concreto, los técnicos de la asesoría jurídica -justo en quienes habían perdido confianza- y los del área de Contratación, De hecho, expusieron que esto podría caer en un caso de prevaricación.

En el informe desfavorable de la asesoría jurídica recogían que «se podrá o no discrepar del criterio jurídico de las personas que integran la asesoría jurídica municipal, pero no cabe entender que ello deba conducir a una pérdida de confianza» y que todos sus veredictos se expresan con «total transparencia». Por parte de Contratación, argumentaron que la necesidad de contratar ha de ser una necesidad «objetiva y para ello debe justificarse que la Administración carece de medios propios para poder prestar el servicio que se pretende contratar».

Hace ya más de dos años que empezó a barajarse la celebración de la comisión de investigación y, hasta el momento, el proceso acumula más trabas que avances. Así, PSOE, PRC, Cs y UxS registraron el mes pasado en el Juzgado de lo Contencioso Administrativo Número 1 de Santander una medida cautelar en la que solicitaban que se convocara la sesión constitutiva cuanto antes. Pero el juez la rechazó al no ver urgencia. De hecho, dejó caer que hay interés electoral al señalar que «lo que ya no es de interés tan general y sí empieza a ser un interés particular es el de que tales trabajos se desarrollen antes del fin del mandato».