Un abogado resucita la batalla contra el MetroTUS y pide su anulación en los tribunales

Para los vecinos, el gesto del Ayuntamiento fue suficiente, pero no para el letrado Sergio Pereda Torcida, que el pasado mes de octubre recurrió la infraestructura ante los tribunales, a los que pide su anulación por supuesta vulneración de distintas leyes y normativas, entre ellas la Ley cántabra de accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas.

La impugnación judicial, que ha recaído en el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2, ha sido contestada ya por el Ayuntamiento, que sostiene que, «al socaire de una denuncia urbanística», el abogado pretende impugnar una resolución «no recurra en tiempo y forma», con una doble finalidad: reabrir los plazos del recurso frente a la resolución municipal de 19 de septiembre de 2016, por la que la Junta de Gobierno aprobó el proyecto de implantación del TUS, y obtener «una legitimación activa», vía denuncia urbanística, para su impugnación. El hecho es que el recurso reabre el conflicto del MetroTUS, esta vez en sede judicial, y coloca al equipo de gobierno en una situación incómoda, a la espera de lo que resuelvan los tribunales.

Pereda Torcida denuncia básicamente que la implantación del TUS supuso la supresión de plazas aparcamiento en el centro administrativo de la ciudad y prohibió la posibilidad de circular, estacionar o parar en el carril reservado al autobús, incluso «para una persona con movilidad reducida», sin cometer una infracción de tráfico, lo que, a su juicio, vulnera la ley de accesibilidad.

En la demanda explica que el carril bus supuso la eliminación de 38 plazas de aparcamiento de vehículos en el tramo de Paseo de Pereda y Calvo Sotelo, 132 plazas de motocicletas, cinco paradas de cinco taxis y 11 plazas de carga y descarga, una privación que afecta «tanto a personas sin ningún tipo de problemas de movilidad, como a aquellas que carecen de movilidad». Y es que, según denuncia, «en todo el proyecto no se hace en absoluto ninguna referencia a la existencia de personas con movilidad reducida». Este incumpliendo de la normativa en materia de movilidad constituye el núcleo de su recurso y arma la petición de nulidad del proyecto.

El abogado subraya que el carril bus restringe en dos kilómetros (uno por cada sentido de la circulación) el estacionamiento y parada de vehículos situados entre la rotonda de los Jardines de Pereda hasta Calvo Sotelo, «una situación que se prolonga hasta el túnel de la calle Burgos por la falta de aparcamiento de anteriores obras públicas», zona donde se ubica el centro administrativo y comercial de la ciudad. Recuerda además que la peatonalización de las calles paralelas y el acceso a las mismas «agravan» aún más la situación, lo que supone «una especial discriminación no querida por la ley para las personas con movilidad reducida».