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Finalmente será la empresa Munitécnica la que realice la auditoría sobre la gestión de los servicios municipales de Santander, una tarea que estaba incluida en el acuerdo de Gobierno entre PP y Cs en Santander y que arrancará en la recta final de la legislatura ... y con un plazo de ejecución de 17 meses, con lo que se terminará antes ésta que los trabajos.
Hace casi un año, el 23 de diciembre, se anunciaba que ya estaba listo el pliego administrativo para la contratación de la auditoría, con 300.000 euros de presupuesto, pero no ha sido hasta ahora la adjudicación efectiva. Se hará con un coste de 297.110,78 euros. Este 'examen' era una de las patas principales del acuerdo entre el Partido Popular y Ciudadanos, y aunque en los primeros meses de la coalición se le preguntó en repetidas ocasiones al portavoz de CS, Javier Ceruti, por este análisis, éste, que siempre ha sido muy crítico con las formas de funcionar del Ayuntamiento santanderino, contestaba que había que dar margen porque llevaba tiempo prepararla. Ahora, tres años y medio después de haber arrancado esta legislatura, se anuncia la adjudicación.
El concejal de Contratación e Innovación, Felipe Pérez Manso, ha anunciado el inicio de la auditoría y ha insistido en que «la gestión municipal adolece de una serie de problemas estructurales que se notan en el día a día» y que son los santanderinos los principales damnificados.
El edil de Contratación y Urbanismo señala una serie de cuestiones detectadas con carácter previo y que explican la situación actual del ayuntamiento: «La herramienta de gestión de expedientes no está implantada en todos los procedimientos de la organización, el archivo de muchos de los documentos que presentan los ciudadanos se realiza en papel, y no hay un sistema de gestión documental eficiente para el almacenamiento y recuperación de la información. Además, no es evidente que exista un mecanismo de seguimiento documentado de la evolución del proceso de implantación de procedimientos de Administración Electrónica y consecuentemente de transparencia pública de ese proceso».
Por otro lado, alude a «la evidente la dispersión procedimental» y que no existen herramientas de medición que permitan controlar la eficacia en la tramitación de los procedimientos administrativos. Otro de los problemas que señala es «la escasa automatización y respuesta automática a los ciudadanos, a lo que se une la percepción ciudadana de tiempos excesivos en la resolución de trámites, y de falta de respuesta real a solicitudes concretas de mejora de servicios públicos».
Pérez Manso explica que la auditoria que ahora arranca deberá estudiar y definir los procedimientos actuales del ayuntamiento y de las entidades que conforman su sector público y realizará un catálogo de trámites y procedimientos existentes. También ejecutará un diagnostico del estado de los procedimientos actuales del Ayuntamiento y de los procedimientos previstos, utilizando para ello las fuentes existentes y los trabajos previos realizados para catalogar los procedimientos. «Es necesario establecer una clasificación de los procedimientos según su nivel de uso», apunta.
Tras esto, y a partir de ese 'Catálogo de Procedimientos', se realizará una propuesta de plan de acción, teniendo en cuenta los contratos de mejora y modernización de los procedimientos ya existentes, y nuevos contratos como 'Smart Citizen' y las implicaciones de las acciones previstas en éstos. También está previsto un rediseño de los procedimientos a implantar y de los que pueden ser modificados para priorizar su usabilidad. También se definirá una metodología que permita mantener el catálogo de procedimientos actualizado una vez finalice el contrato.
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