La adjudicataria de Las Clarisas renuncia a la obra y el concurso queda desierto por segunda vez

En la primera ocasión, a principios de año, ninguna empresa se presentó al proceso de licitación. Pero en esta segunda el caso ha sido aún más curioso. Una constructora, Rotedama, presentó su oferta económica para hacerse con la actuación. La única que dio el paso. La mesa de contratación realizó la preadjudicación el pasado 31 de agosto a la espera de que la empresa remitiera una documentación complementaria. Y en vez de hacer eso, el 8 de septiembre presentó un escrito en el que manifiesta su renuncia a la adjudicación «debido a diversas causas».

Concretamente, alega que el incremento en los precios del material hace imposible obtener una rentabilidad mínima sobre el presupuesto de 754.000 euros. Aunque es cierto que los costes de los suministros se han disparado en los últimos meses, en el Ejecutivo entienden que la empresa ya conocía la situación del mercado cuando este verano decidió optar al concurso. Por eso están estudiando si los motivos que ha puesto sobre la mesa son justificación suficiente. De lo contrario, lo que podría ocurrir es que la Consejería inicie un procedimiento para sancionar por los daños causados a la empresa. A Rotedama, que justo en la parcela anexa está construyendo viviendas de protección oficial (PVO) y que conocía de sobra el estado del inmueble y la necesidad de una rápida intervención.

¿Y qué pasará ahora con la obra? Pues el departamento que dirige la regionalista Paula Fernández Viaña tiene sobre la mesa distintos escenarios. Lo primero que ha hecho es encargar a un arquitecto que analice la situación estructural del edificio y que esto sirva para determinar hasta qué punto hay riesgo inminente de derrumbe. En caso de que se confirme este extremo, la Consejería llevará a cabo un procedimiento de emergencia, que permite una contratación directa. Que el Gobierno llame directamente a una constructora para que se haga cargo de los trabajos.

De lo contrario -el supuesto más deseable-, se plantea volver a sacar la obra a licitación por tercera vez aumentando el presupuesto base con el objetivo de atraer así a más empresas.

El edificio, ubicado enfrente del Parlamento de Cantabria, es Bien de Interés Cultural (BIC) desde 1985, lo que significa que tiene interés artístico o histórico y que es un espacio a proteger por la administración. A la espera de decidir qué destino le dará en el futuro, el Gobierno había previsto una primera rehabilitación -a falta de una segunda fase- consistente en apuntalar el inmueble, adecentar las fachadas, reformar la cubierta y conservar tanto el claustro como varias salas que la Dirección General de Cultura consideró más interesantes. Asimismo, se derribarían hasta nueve naves anexas totalmente accesorias.